Puigdemont está a punto de conseguir internacionalizar el procés en los tribunales y en el tiempo de descuento, a pocos días de haber sido cesado por el Gobierno de Rajoy. La decisión de Puigdemont y cinco de sus exconsellers añade al conflicto catalán un invitado inesperado: la Justicia belga.

Es la estrategia que subyace tras la decisión de Puigdemont de trasladarse a Bruselas el mismo día en que la Fiscalía General del Estado ha presentado la querella que le acusa de haber cometido delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El expresident ha viajado a la capital comunitaria en pleno uso de sus libertades, sin que pesara contra él ningún tipo de imputación formal ante los tribunales.

Minutos antes de conocerse la presencia de Puigdemont en Bélgica, el fiscal general del Estado advertía que el expresident sería llamado a declarar por la presunta comisión de graves delitos, siempre y cuando la Audiencia Nacional admita a trámite su querella y sus peticiones de interrogatorios, algo que parece más que probable.

En el entorno del expresident había cobrado fuerza la convicción de que la imposición de medias cautelares como la prisión sin fianza se encontraba ya a la vuelta de la esquina. Ahora todo eso tendrá que cumplir un trámite de resultado incierto: superar el criterio favorable de un juez belga.

Bélgica no ha sido un país elegido al azar por el sector independentista. Se trata de uno de los países europeos más garantistas en la concesión de extradiciones y permite (al igual que Reino Unido, Alemania u Holanda) que la defensa de los acusados puedan plantear un necesario análisis sobre los elementos indiciarios de la comisión de delitos, así como una serie de limitaciones y exigencias en materia de garantías en caso de entrega.

La historia de tensiones judiciales entre ambos países no es nueva y son numerosas las ocasiones en las que ese país negó extradiciones de presuntos miembros de ETA a España.

Puidemont se ha hecho con los servicios del abogado belga, Simon Bekaert. Según confirma a eldiario.es el propio Bekaert, el contacto para la defensa de Puigdemont ya se ha establecido, a la espera de que ambas partes se puedan sentar a la mesa para analizar la estrategia jurídica. Este abogado belga es experto en procesos de extradición y ha defendido en casos similares a personas acusadas por su presunta pertenencia a ETA.

Según fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional tendrá que dictar una orden europea de detención si Puigdemont no asiste al interrogatorio que podría convocarse para los próximos días. El trámite no exige que las autoridades belgas procedan inmediatamente a la detención del político catalán, sino que se abrirá en aquel país un proceso para analizar la conveniencia de atender el requerimiento, en función de las pruebas que aporte la Justicia española.

Principio de doble incriminación

La dificultad que ahora habrá de sortear la Justicia española tiene que ver con los principios fundamentales que rigen los tratados internacionales en materia de cooperación judicial. Según estos acuerdos, las órdenes de detención deben atender al principio de doble incriminación: que el hecho por el que se persigue al acusado esté tipificado como delito tanto en la legislación del Estado requiriente como en la del Estado requerido.

Llegados a este punto, la legislación belga cobra de repente una importancia trascendental. Puigdemont, asesorado en todo momento antes de realizar este movimiento, ha conseguido internacionalizar el conflicto catalán, al menos en su epílogo judicial.

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