El Tribunal Supremo ha admitido a trámite este martes la denuncia por rebelión, sedición y malversación que la Fiscalía General del Estado ha presentado contra los miembros de la Mesa del Parlament. En el auto, los magistrados aseguran que durante la investigación se determinará si cometieron el delito más grave, el de rebelión, y abren la puerta a que solo cometieran conspiración.

Los magistrados comenzaron a deliberar en la tarde del lunes, y han continuado este martes, hasta acordar que admiten la querella. El tribunal designa como instructor de la causa al magistrado de la propia Sala Pablo Llarena Conde, que ya les ha citado para los días 2 y 3 de noviembre, a partir de las 9.30 horas de la mañana. El magistrado recuerda que deben acudir con un abogado, ya que se les cita como imputados.

En el auto, la Sala de Admisiones del Supremo, por unanimidad, acepta su competencia ante el aforamiento que Forcadell y los otros cuatro de los querellados mantienen por ser miembros de la Diputación Permanente del Parlamento catalán, y ante el hecho de que, según sostiene la Fiscalía en su querella al referirse a los aspectos internacionales del proceso soberanista, parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la comunidad autónoma catalana.

El delito de rebelión adquiere una incuestionable “vocación territorial proyectada sobre el conjunto del Estado”, señala el Tribunal que, sin embargo, aclara que será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados a los querellados “confirmen o desmientan su realidad”. “Será entonces cuando pueda precisarse (…) si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias” del delito de rebelión, recoge el auto.

Conspiración para la rebelión

De hecho, los jueces del Supremo apunta a que, dado que los “conspiradores” no superaron “la fase propiamente preparatoria”, el delito que se les achaca puede ser el de conspiración para la rebelión, y no la rebelión propiamente dicha.

Los querellados, aparte de Carme Forcadell, son los exmiembros de la Mesa del Parlament catalán Lluis Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet. Este último no es miembro de la Diputación Permanente del Parlament disuelto el pasado viernes, pero la Fiscalía lo ha incluido en la querella por entender que su actuación está asociada a la del resto. El Supremo ha asumido también la competencia de investigarle.

Los magistrados de la Sala de lo Penal que integran la sala de admisiones que decidirá a este respecto son: Manuel Marchena; Andrés Martínez Arrieta; Julián Sánchez Melgar; Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela. Marchena ha ejercido como ponente.

El daño institucional es de alcance nacional”

En su denuncia, el fiscal sostiene que las decisiones de Forcadell y el resto de querellados desde la Mesa “han sido parcialmente ejecutadas” y “producen efectos” fuera de Catalunya, por lo que la eficacia de los presuntos delitos va “más allá” de la comunidad. “El daño institucional es de alcance nacional”, zanja la querella.

Considera el fiscal que Forcadell participó en la “creación de condiciones” previas a la DUI y que esos actos “constituyen un levantamiento contra el orden establecido en los términos previstos en nuestro Código Penal”.

Asimismo, pese a que Forcadell no intervino en la logística del 1-O al no ser miembro del Govern, en la querella el fiscal señala como motivo para justificar la competencia del Supremo la custodia de la Generalitat del voto extranjero en el referéndum.

A todos ellos la Fiscalía pide al juez imponerles una fianza de 6,2 millones de euros a para “asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir”. La Fiscalía aclara que deberían abonarla de manera solidaria todos los querellados, los del Supremo –la Mesa– y los de la Audiencia Nacional –el Govern.

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