Miembros del Gobierno, presidentes autonómicos y representantes de las instituciones del Estado, ayer en el Congreso de los Diputados en el Día de la Constitución.
Miembros del Gobierno, presidentes autonómicos y representantes de las instituciones del Estado, ayer en el Congreso de los Diputados en el Día de la Constitución. EFE

El pacto por las autonomías urge, la reforma constitucional debe empezar

Hay que dar estabilidad a un modelo casi federal pero sometido a una inestabilidad continua

El nuevo sistema de financiación autonómica, que debería haberse acordado este año y entrar en vigor en 2018, sigue atascado. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se limitó ayer a recordar que está en estudio y descargó la responsabilidad en el PSOE, pues sin su concurso no hay acuerdo posible. Es una obviedad: sin los dos grandes partidos no puede resolverse el problema de financiación de las comunidades, que sostienen con sus cuentas dos pilares del Estado de bienestar como son la sanidad y la educación.

El pacto del Gobierno con el PNV sobre el cupo vasco, bendecido por PSOE y Podemos, ha generado tensión al respecto, pues comunidades como Andalucía exigen ahora eliminar los “privilegios” del País Vasco y Navarra. Otro obstáculo es la falta de interlocutor en Cataluña:el ministro Montoro dijo que no reunirá al consejo territorial hasta que haya nuevo Gobierno en Barcelona, y ya veremos si este desea participar en el debate. Las partes están obligadas a avanzar en una solución estable, en un pacto que clarifique las fuentes de ingresos, salve los mecanimos de solidaridad y garantice la sostenibilidad de la protección social.

Si cuesta tanto el acuerdo en este terreno, más lejana se ve la reforma de la Constitución. Rajoy se mostró ayer frío al respecto, limitándose a advertir que la unidad de España no se negocia. Claro que no, pero no es ese el asunto. El desdén del PP por abrir este melón hace temer otra legislatura perdida. La Constitución, cuyo 39 aniversario se celebraba ayer en el Congreso, es un activo de la nación que no merece el desprecio del populismo y el separatismo. Pero necesita una actualización. No servirá para contentar a los independentistas: ese no es el objetivo. Sí parece inaplazable revisar la organización territorial del Estado, entre otras cuestiones, para dar estabilidad a un modelo casi federal pero sometido a la inestabilidad de una renegociación permanente del papel de cada uno según cambian las mayorías parlamentarias. Se echan de menos, a este respecto, las propuestas concretas de los partidos que deberían reeditar el gran consenso de 1978.

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