Trump se multiplica a sí mismo en el espejo fiscal. Consciente de que su gran atractivo electoral siempre fue la conducción económica, ha buscado tierra amiga y ha vuelto a enarbolar la promesa de prosperidad que en los comicios le dio tan buenos resultados. “Es el mayor recorte fiscal de la historia de Estados Unidos. El sistema actual era una colosal barrera que vamos a tumbar para ser más competitivos. Volvemos a situar a América primero y los beneficiados no serán los ricos y bien conectados. Mi plan ayudará a la clase trabajadora, a los pequeños propietarios y a los granjeros”, clamó Trump en Indiana, el Estado del que fue gobernador su vicepresidente, Mike Pence.

La iniciativa trata de satisfacer a todos. Recorta el impuesto de sociedades del 35% al 20%, rebaja el tope para los más pudientes del 39,6% al 35%, drena la presión de los pequeños propietarios de empresas hasta el 25% y duplica el mínimo exento (situado ahora en 12.000 dólares para un matrimonio con ambos cónyuges trabajando). Un hachazo que se combina con una amplia panoplia de medidas para repatriar capital y una simplificación de los tramos fiscales, que pasan de siete a tres (12%, 25% y 35%).

La reforma está diseñada para hacer estallar el entusiasmo en filas republicanas. Trump se ha volcado en ello. Desde que presentó sus líneas maestras en abril, ha mimado su plan como ninguno. No quiere repetir la amarga experiencia de la ley sanitaria, fracasada una y otra vez por la incapacidad de los republicanos de ponerse de acuerdo. Una rebeldía, crecida en los largos y salvajes años de oposición a Barack Obama, que ha tornado en ingobernables las Cámaras. Para conjurar este peligro, Trump ha pactado el giro fiscal con los líderes conservadores del Congreso. Pero logrado el apoyo de su bancada, falta todavía un paso mucho más importante: superar la prueba de la realidad. Dirimir si lo anunciado son fuegos artificiales o un paquete eficaz.

“Yo no me beneficio”

Donald Trump siempre se ha presentado como un multimillonario. No le ha importado exagerar su fortuna (10.000 millones de euros) y hasta poner precio a su apellido como marca (3.000 millones). El dinero, tan calvinista, es signo de su éxito. Pero también es fuente de sospechas. No ha hecho públicos sus impuestos y muchos consideran que la rebaja fiscal le beneficiará. Algo que él ha negado: “Yo no me beneficio”.

A medida que se han ido conociendo las cifras del plan, los expertos han puesto en duda su viabilidad. El think tank Tax Foundation ha calculado que su puesta en marcha puede acarrear al erario una sangría de hasta 5 billones de dólares en 10 años. Un agujero inmenso y que descalabraría los intentos republicanos para reducir el déficit, situado en 2016 en el 3,2% del PIB (587.000 millones de dólares), y la deuda pública, superior al 82% del PIB.

La Casa Blanca ha tratado de soslayar este escollo con fuertes dosis de optimismo. El mismo que alumbró a los apóstoles de Ronald Reagan y que nunca ha dejado de alimentar el fuego sagrado del liberalismo americano. Aferrados a la curva de Laffer, enunciada en 1971 y que jamás ha logrado el consenso académico, los republicanos creen que una rebaja impositiva potente detonará el crecimiento con suficiente fuerza como para compensar la pérdida de ingresos fiscales. Es una hipótesis arriesgada y que los actuales datos del PIB, con un aumento en torno al 2% anual, no validan.

Pero la iniciativa no se limita al debate numérico. Su verdadero objetivo, el núcleo de la propuesta, es electoral. Reducir la carga de las empresas, dejándola por detrás de países como Francia y Japón, y duplicar la deducción mínima, persiguen generar la euforia del votante registrado. Son píldoras de alegría inmediata para millones de ciudadanos. Y posiblemente también un anestésico para problemas mayores.

El precio a pagar no se ha enunciado. Pero los demócratas ya han señalado quién se hará cargo de la factura: los programas sociales, la red pública que Barack Obama luchó por ampliar y de la que dependen decenas de millones de desamparados. Un golpe bajo para los más débiles pero que en una Administración cuya reforma sanitaria está dispuesta a dejar a 20 millones de ciudadanos sin seguro médico, no parece que sea un obstáculo.

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