La política más rompedora que concibió Europa para reconducir la crisis de refugiados ha fracasado. El esquema obligatorio de reparto de asilados expiró este martes con un cumplimiento ínfimo de los objetivos. Apenas uno de cada cinco candidatos (es decir, casi 30.000 de los 160.000 previstos, aunque luego la meta se rebajó a 98.255 ) se han desplazado legalmente desde Grecia e Italia, los países más presionados por las llegadas, al resto de la UE. La falta de voluntad de los Estados y los fallos del programa explican los pobres resultados. Bruselas insta a agotar los compromisos y confía en reubicar todavía a unos 6.000 refugiados.

o reparto de asilados pretendió, por primera vez, abordar de manera conjunta los desafíos migratorios en la UE. La crisis de llegadas de 2015 puso a prueba las costuras del proyecto comunitario y la Comisión Europea intervino con una medida simbólica, de alcance limitado: de los 1,4 millones de migrantes arribados a las costas mediterráneas entre 2015 y 2016, el reparto solo alcanzaba a 160.000. Y de esa cantidad, finalmente, se han distribuido 29.144 candidatos, según el recuento oficial actualizado el pasado viernes. Unas cifras más que modestas para el gigante económico europeo.

Los objetivos iniciales se corrigieron varias veces a la baja ante la constatación de que no existían ni compromiso político ni vías efectivas para repartir el volumen acordado. En primer lugar, quedó un remanente de casi 8.000 personas que no se llegó a adjudicar a ningún país. Y más tarde se descontó la cuota de 54.000 personas con la que se pretendía aliviar también a Hungría, que rehusó participar en el programa. Con esos arreglos, que permiten mejorar artificialmente el porcentaje de cumplimiento de cada país, la Comisión contabiliza a menos de 100.000 candidatos para el reparto. Y eso permite decir que se ha logrado repartir a casi uno de cada tres. Pero el compromiso político abarcaba a 160.000, como quedó reflejado en las decisiones del Consejo Europeo, que respaldaron el programa por mayoría cualificada de los Estados miembros.

Hasta el diseño de este plan, cada país había lidiado con los desafíos migratorios por su cuenta, como le ocurrió a España en las crisis de pateras y cayucos ocurridas en la década pasada. Pero Bruselas entendió que era el momento de dar un salto adelante con la convicción de que quienes desembarcaban en Europa no buscaban las costas griegas o italianas ni la frontera húngara. Ansiaban llegar a la UE. Más concretamente, a Alemania, uno de los principales impulsores de este vehículo esbozado por la Comisión.

El escaso éxito de la iniciativa disuadió a Bruselas de prolongarla. “Nadie quiere repetir todo el sistema de cuotas. Por eso lo que exploran ahora es la acogida desde los países de origen”, argumentaba Pierre Vimont, experto de la casa de análisis Carnegie y ex secretario general del servicio diplomático europeo, en una reciente charla con periodistas.

La fiera oposición del bloque del Este —al que en un principio se unió también España— hirió de muerte el programa de reparto. Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia rechazaron la acogida, que acabó en el Tribunal de Justicia de la UE. Aunque este organismo dictaminó hace unos días que el mandato de reubicación es legal, ni esos países ni ningún otro (con la excepción de Malta) han cumplido con las cuotas asignadas.

Falta de agilidad

Incluso los más comprometidos con la tarea (en general, Francia, Alemania, Holanda y Portugal) se han quedado muy lejos de los objetivos. Uno de los problemas era la definición de los candidatos. Para evitar el supuesto efecto llamada que podía generar el reparto de personas arribadas irregularmente a la UE, la Comisión decidió trasladar solo a los demandantes de asilo con altas probabilidades de recibir el estatus de refugiado: aquellos cuya tasa de reconocimiento superase el 75% de las solicitudes. Y eso limitaba el colectivo a sirios, eritreos e iraquíes. Con el freno de las llegadas por Grecia, el perfil de los migrantes cambió radicalmente y pocos de los desembarcados en Italia cumplían esos requisitos.

Además, Grecia e Italia mostraban falta de agilidad en la gestión de los expedientes, largos y laboriosos. El resultado es que lo que pretendió ser una política estrella ha cumplido el plazo de dos años que tenía asignado sin ningún tipo de balance. La Comisión Europea, tan dada a presentar públicamente los resultados de sus políticas, ha evitado evaluar esta.

Lo que sí recalca es que todos los candidatos que reúnan las condiciones y que hayan llegado a Grecia o a Italia antes del 26 de septiembre deben ser repartidos. Bruselas calcula que hay 2.000 seguros y otros 2.000 posibles en Grecia, junto a otros 7.000 candidatos en Italia, de los que se han registrado 4.000. Fuentes del Consejo Europeo descartan que la Comisión vaya a ejercer más presión a los Estados y vaticinan que los casos pendientes se resolverán con los países voluntarios.

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