Unidos Podemos quiere llevar cuanto antes al Pleno del Congreso su propuesta para que el Estado se haga cargo de las autopistas de peaje, renunciando a privatizar las nueve autopistas que rescatará a partir de este mes y a ampliar la concesión de otras nueve cuyos contratos terminan de forma escalonada entre 2018 y 2021.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias del grupo confederal, tratarán de incluir en el orden del día en el primer Pleno del año su proposición no de ley, con la que llaman a recuperar la gestión pública de las autopistas de peaje. Máxime tras el caos de circulación registrado este fin de semana en una de ellas, la AP-6, en la que muchos viajeros se vieron obligados a pasar la noche por quedar atrapados durante una nevada.

Sin embargo, a falta de que se celebre la primera Junta de Portavoces del año, el Congreso aún no ha decidido qué asuntos se someterán a debate, y ni siquiera en Unidos Podemos saben si les corresponderá turno para poder llevar una proposición no de ley al Pleno.

En su iniciativa, la formación que lidera Pablo Iglesias insta al Gobierno a aprovechar la “oportunidad histórica” de “acabar con la anomalía del negocio privado en la red de carreteras de alta velocidad”, pues creen que estas infraestructuras –“explotadas por grandes grupos del lobby bancario/constructor”, critican– deberían formar parte de la red pública de carreteras.

Así, recuerdan que entre 2018 y 2021 concluyen 9 tramos de autopistas de peaje que, en conjunto, suman más de 1.000 kilómetros: la AP-6 entre Villalba y Adenero, la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-7 entre Tarragona y Valencia, entre Valencia y Alicante, entre Montmeló y La Jonquera y El Papiol, y entre Barcelona y Tarragona, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo.

“Sería un escándalo rescatar y volver a entregarlas”

Asimismo, reclaman al Gobierno paralizar el proceso de licitación de los contratos para preparar las privatizaciones de las autopistas “quebradas y rescatadas” y mantenerlas dentro de la red pública de carreteras. Se trata de la R-2 entre Madrid y Guadalajara, la R-3 entre Madrid y Agranda, la R-4 entre Madrid y Ocaña, la R-5 entre Madrid y Navalcarnero, el Eje Aeropuerto M-12, la circunvalación de Alicante y las autopistas AP-41 Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda AP-36 y Cartagena-Vera de la AP-7.

En este sentido, creen que las nueve autopistas, que asumirá el Estado en aplicación de la responsabilidad patrimonial “no deberían volver a ser privatizadas”. “Sería un escándalo rescatar con dinero público empresas quebradas por la irresponsabilidad empresarial de bancos y constructoras para, una vez recuperadas, volver a entregarlas a las mismas empresas u otras compañías similares”, aseveran.

Creen que la gestión privada “discrimina territorios”

Desde el grupo confederal consideran que la gestión privada supone “una excepción que rompe con el principio lógico de gestión integrada de la red”, “discrimina territorios y usuarios”, y “está sometida a una doble amenaza: la presión de las grandes empresas de la construcción y de los bancos para seguir con el negocio y la voluntad explicitada por el PP de ceder a esta presión”.

Asimismo, recuerdan que al tiempo que han funcionado estas vías desde 1976 se han puesto en servicio más de 14.000 kilómetros de autovías y carreteras multicarril, de propiedad pública y sin peajes. “Una amplia red de carácter público que cubre el conjunto del territorio en una red articulada que tiene una lógica integrada de gestión que, sin embargo, rompe la presencia de las autopistas de peaje”, señalan.

Como ejemplo, Unidos Podemos señala que un coche o camión puede cubrir los 600 kilómetros que van desde Ferrol hasta Madrid sin pagar ningún peaje, pero si quiere ir a Vigo tiene que pagar 46 euros ida y vuelta. “¿Cuál es la lógica? El negocio de las grandes empresas”, critican.

Cuestionan la legitimidad de las licitaciones

Asimismo, también ponen en duda de la legitimidad de las licitaciones de este tipo de carreteras, tanto por el tiempo en que se pusieron en marcha las primeras licitaciones –“antes de la recuperación de la democracia”– como las segundas, emprendidas en el Gobierno de José María Aznar, “al calor de la burbuja especulativa, con estimaciones de tráfico sobrevaloradas y que han terminado en quiebra”.

“Hasta 1995 pasaron 20 años sin que prácticamente se realizaran nuevas concesiones”, recuerdan, criticando que su construcción supuso un “enorme fracaso generado por las grandes constructoras y los bancos pero con la complicidad del Gobierno de Aznar”, con “la flor y nata de las empresas especulativas del sector”.

En este sentido, citan la participación de ACS, OHL, Sacyr, entidades financieras como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar, y critican los “sobrecostes en las expropiaciones de las que se beneficiaron la familia Franco o los herederos de Serrano Súñer”.

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