El presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El PP no quiere que la reforma de la ley de morosidad que se tramita en el Congreso acabe con la posibilidad de que la Administración Pública contrate con empresas que hayan reincidido en cometer infracciones muy graves.

Así figura en una de las enmiendas que el PP ha registrado a la proposición de ley impulsada por Ciudadanos para reforzar la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los ‘populares’ no modifican las cuantías de las sanciones previstas en casos de infracción muy grave –exceder dos meses más el plazo de pago legal, obstrucción a la labor inspectora, falsificar facturas que determinan los plazos o falsear la información en la memoria de sus cuentas anuales–, pero sí suprime la prohibición de participar en concursos públicos que Ciudadanos contempla para aquellas empresas que reincidan.

En su día, PP y Ciudadanos pactaron un régimen sancionador para la morosidad, pero el partido naranja acabó registrando unilateralmente la proposición de ley al no aprobarse desde el Gobierno

En su justificación, el Grupo Popular argumenta que la adición de una prohibición “sería contraria a las directivas de contratación” y que, además, ésta no se articula a partir de la existencia de una sentencia o resolución administrativa firme.

Sin embargo, la modificación más sustancial que el PP hace a la norma propuesta por sus socios de investidura se refiere al sistema de arbitraje ideado por los de Albert Rivera que los ‘populares’ pretenden ahora descafeinar.

Así, los ‘populares’ consideran que este sistema “podría concitar ciertos problemas” pues, aunque la iniciativa señala que la “sumisión” al sistema arbitral es voluntaria y gratuita, cuestionan que las condiciones planteadas en la misma harían que muchas empresas estuvieran abocadas a adherirse de facto.

Por ello, propone un sistema alternativo que refuerza la voluntariedad de adhesión al sistema, incluye el enjuiciamiento de cláusulas abusivas y limita el sometimiento a este procedimiento en casos en los que “la cuantía de la controversia” no exceda de 30.000 euros y ninguna de las partes hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad contraria antes de haberse iniciado la operación comercial.

En estos casos, rechaza la creación de un nuevo órgano arbitral y opta por la utilización de la Cámara Española de Arbitraje por ser una “solución poco costosa”, que “cumple con las medidas de reducción del déficit de la Administración”, y “busca evitar que la parte más fuerte del contrato imponga un árbitro al débil”. Así, recuerda que el sistema cameral es “punto habitual al que acuden las pymes para consulta y resolución de problemas de orden mercantil”.

Desarrollo del sistema abrital

En todo caso, el PP sí aprovecha los artículos referidos al arbitraje para desarrollar el proceso que, según la iniciativa de Ciudadanos, deberían concretarse en un posterior desarrollo reglamentario, y apuesta por un tribunal arbitral que, salvo acuerdo contrario de las partes, se configure con tres miembros.

Asimismo, establece que el tribunal acumule en un mismo procedimiento todas reclamaciones entre partes que estén instrumentadas en diferentes facturas y contratos siempre que asciendan a un mínimo de 150.000 euros, aunque individualmente no superen el límite de 30.000 euros.

También fija un plazo de treinta días tras la presentación de la contestación a la demanda o expiración del plazo para presentarla la emisión del laudo, en caso de que no exista oposición del demandado a las peticiones formuladas o no se conteste.

En caso contrario, el caso deberá resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda, o a la contestación a la reconvención, pudiendo los árbitros prorrogar el plazo para dictar laudo por un único plazo adicional de un mes.

La morosidad ya se regula en la nueva Ley de Contratos

Otro de los aspectos en los que también incide el PP en sus enmiendas es en los puntos referidos a la Administración Pública, pues recuerdan que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada recientemente por el Congreso, por lo que apuestan por que la reforma propuesta por Ciudadanos no afecte a los pagos entre sector público y privado.

Además, eliminan la obligación a la Administración de imponer a sus empresas públicas el establecimiento de cláusulas de adhesión o compromiso con el Sistema Arbitral de Morosidad, sustituyéndolo con la posibilidad de establecer recomendaciones para ello.

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