Reunión de la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces presidida por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. EFE/Archivo

Madrid, 28 nov (EFE).- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional celebra hoy una vista pública sobre la demanda de conflicto colectivo que las cuatro asociaciones judiciales presentaron contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para fijar una nuevas cargas de trabajo de los magistrados a efectos de salud laboral.

Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), cuyos representantes acudirán hoy a la cita que tienen convocada a las 09.15 horas en las dependencias de la calle Goya.

Todas ellas interpusieron una demanda conjunta contra el CGPJ “para que cumpla con su obligación de fijar la carga de trabajo a efectos de salud laboral y para que se declare que el documento Mapa de Riesgos Judiciales, aprobado unilateralmente por el Consejo, no cumple con dicha obligación”.

Quieren que el CGPJ fije unos nuevos módulos que se adecúen a la complejidad de los nuevos tiempos, compatibles con el derecho al descanso y que faciliten la conciliación laboral y familiar.

Las asociaciones afirman que han hecho llegar al Consejo propuestas para la fijación de una carga de trabajo, que el CGPJ no ha acogido “aduciendo que tal regulación no podía realizarse mientras estuvieran pendientes los trabajos para fijar un módulo de rendimiento judicial y a efectos de retribución de la productividad”.

Después, según las asociaciones, el Consejo presentó el Mapa de Riesgos Judiciales que establece un sistema de alertas de los 739 órganos judiciales cuyo módulo de entrada supera el 150%, pero que las asociaciones tachan de “absolutamente insatisfactorio”.

Lo hacen porque dicho documento, que fue aprobado “unilateralmente” por el CGPJ, con la oposición de todas las asociaciones judiciales, “no es desde luego una regulación de la carga de trabajo”.

Y añaden que el sistema de alertas tampoco cumple con la obligación legal y reglamentaria del CGPJ de regular la carga de trabajo y prevenir los riesgos laborales de la carrera judicial.

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