Después de una larga jornada de reuniones con partidos y agentes sociales, el Gobierno de Túnez anunció la noche del sábado un aumento de las ayudas a las familias más necesitadas con el objetivo de apaciguar las tensiones sociales que han sacudido el país magrebí durante la última semana, y que se han saldado con una víctima mortal y más de 800 personas arrestadas. La actual crisis política ha coincidido con el séptimo aniversario de la caída del régimen de Ben Alí, que miles de personas han celebrado en la céntrica avenida Bourguida de la capital del país, escenario a la vez de actos festivos y de marchas reivindicativas.

Según informó en una rueda de prensa el ministro de Asuntos Sociales, Mohamed Trabelsi, las ayudas mensuales a las familias más pobres pasarán de 150 dinares (50 euros) a un máximo de 210 dinares (70 euros), en función del tamaño de la unidad familiar. Se calcula que el coste total de la medida será cercano a los 70 millones de dinares (23,5 millones de euros), y que se beneficiarán de ella 120.000 familias. Además, el Gobierno se comprometió a avalar a unas 500.000 familias con ingresos bajos o inestables para que puedan recibir un préstamo hipotecario y acceder a una vivienda digna.

Con estas medidas, el Gobierno espera poner fin a la ola de protestas iniciadas el pasado lunes, y que han combinado manifestaciones pacíficas diurnas, con violentos enfrentamientos nocturnos con la Policía en una veintena de ciudades del país. Sin embargo, incluso antes conocerse el paquete de ayudas sociales, las manifestaciones violentas ya habían amainado, quizás como resultado de la amplia campaña de arrestos lanzada por las autoridades.

De momento, la plataformanastanne의 종료? (“¿A qué esperamos?”), impulsora de las movilizaciones, no ha ofrecido todavía una reacción oficial a la propuesta gubernamental. Una de sus portavoces informó a EL PAÍS de que los dirigentes del movimiento tenían previsto reunirse el domingo por la tarde para evaluar la situación y decidir si continuar con las protestas que tenían como objetivo la retirada de la Ley de Presupuestos de 2018, al considerar que agrava el encarecimiento de los precios de productos básicos a causa de una subida de presión fiscal.

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