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El Gobierno quiere reducir las trabas laborales y fiscales que desincentivan el crecimiento de las compañías. Plantea elevar la cifra de 50 trabajadores para el comité de representación.

El Gobierno quiere reducir el poder sindical en las pequeñas y medianas empresas como una de las palancas para que puedan aumentar de tamaño y, finalmente, intentar dar el salto a ser grandes. Esta es una de las propuestas más destacadas que el Ejecutivo ha hecho a las organizaciones empresariales, sindicales y diversos expertos, en su último borrador sobre el Marco estratégico de la España industrial.

El Gobierno ha advertido que se produce “un efecto escalón” en el número de empresas por encima y por debajo de 50 trabajadores y 6 millones de facturación. Esto se debe, fundamentalmente, a que, a partir de ahí, aumentan la representación sindical en la empresa y sus obligaciones con Hacienda. Por lo tanto, en comparación con varios de sus principales competidores, como Alemania, Reino Unido y Francia, en términos relativos España tiene una representación más alta de la pequeña y tiene menos empresas medianas y grandes.

En consecuencia, como “línea estratégica de actuación” para incentivar un aumento del tamaño de las empresas el Gobierno plantea al sector industrial “modificar los umbrales para la calificación de una empresa como mediana y, consecuentemente, sus obligaciones y cargas fiscales y laborales, siguiendo la línea de los países de nuestro entorno”.

El Gobierno “ha detectado 130 regulaciones” vinculadas al tamaño [de las empresas]. Por ejemplo, en las normas laborales, sobre el número de trabajadores; en la normativa fiscal, con la cifra de negocios y, finalmente, con la regulación contable y de auditoría, donde se combinan ambos criterios.

En consecuencia, el Ejecutivo también subraya que “los organismos internacionales recomiendan cambios en la regulación para eliminar esta distorsión regulatoria”. Distorsión “que afecta a la asignación más eficiente de los recursos y provoca comportamientos limitativos en función de las normas fiscales y laborales”.

El Ejecutivo no ha planteado todavía cuáles serían sus umbrales de trabajadores y de facturación para impulsar el aumento del tamaño de las empresas.

Los umbrales

Sin embargo, ya en julio, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, planteó al Congreso de los Diputados varias propuestas para frenar que, a partir de 50 trabajadores, disminuya el número de empresas. “Eliminación de umbrales cuando la regulación dependiente del tamaño no resulte necesaria o proporcionada”. O bien, “puede haber revisión al alza o a la baja [de trabajadores y facturación] en función de las regulaciones”. También puede “desacoplarse” de los niveles más frecuentes, como el de 50 trabajadores, para evitar el efecto escalón en la distribución de empresas”.

El Ejecutivo responde a una demanda fundamental de los empresarios, como es flexibilizar los criterios en cuanto al número de trabajadores para obligar a las compañías a tener un comité de representación de los trabajadores. Ahora se necesitan 50 empleados. El Gobierno y las organizaciones empresariales estiman que, en muchos casos, esta circunstancia frena el deseo de las sociedades de aumentar su tamaño. Máxime cuando el crecimiento en el número de trabajadores y en la facturación también incorpora mayores obligaciones fiscales.

Por todas estas razones, Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, dijo ayer a EXPANSIÓN que “[Los empresarios de las pequeñas y medianas empresas] estamos a favor de todo lo que sea facilitar mayor flexibilidad y competitividad”. Garamendi añade: “Cuanto más grande sea una empresa más empleo creará y, por lo tanto, es bueno para todos”, dice el dirigente empresarial, que pide al Gobierno que “profundice” en ésta y otras reformas para favorecer el redimensionamiento de las compañías.

Los sindicatos

En cambio, los sindicatos UGT y CCOO se oponen rotundamente a cualquier insinuación sobre la reducción de su representación en las empresas. El responsable de Política Industrial de UGT, Carmelo Ruiz de la Hermosa, es bastante rotundo al respecto. “Son ganas [del Gobierno y de los empresarios] de no entrar en el meollo de los problemas de la industria. Tener un comité de empresa a partir de 50 trabajadores no impide el crecimiento de la empresa”. Así, el dirigente de UGT recuerda que en países con una fuerte presencia sindical en las empresas como Alemania “la productividad es más alta que en España, hay más ocupación y funciona la formación dual perfectamente”. Es decir, la combinación entre la formación teórica y la práctica laboral del joven.

En CCOO “estamos radicalmente en contra [de la reducción de la representación sindical]. Máxime, cuando, a pesar de crecer y crear empleo está avanzando la precariedad laboral y, con ello, los bajos salarios”, dice Máximo Blanco, responsable de Política Industrial de CCOO. Como su homólogo de UGT, Blanco piensa que los problemas de las empresas españolas son otros. Por ejemplo, la falta de financiación, de inversión tecnológica, las carencias en la formación de los trabajadores y en la innovación.

El Gobierno admite que el dominio de la pequeña empresa en España es una de las causas de los problemas de la baja productividad y de que los niveles de empleo sean históricamente bajos, a pesar de los ciclo de crecimiento.

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