Un Chevrolet Volt eléctrico se carga en un estacionamiento de General Motors (GM) en China,Shanghái

La transición hacia el transporte eléctrico promete combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire en las áreas más contaminadas del mundo. Sin embargo, detrás de la fachada de una ‘revolución eléctrica’ se esconde un importante desafío para los derechos humanos, escribe Mark Dummett para el portal Time.

Mientras varios gobiernos del mundo, como el británico y noruego, ya se comprometieron a eliminar los vehículos de gasolina y diésel para los años treinta o cuarenta, una investigación de Amnistía Internacional demostró no todos los autos eléctricos son éticamente “limpios”.

Más precisamente, el cobalto, el mineral indispensable para la fabricación de estos vehículos, es extraído por niños y adultos en condiciones extremadamente peligrosas, afirma Dummett, investigador de negocios y derechos humanos de Amnistía Internacional, en su 기사.

Casi la mitad de todo el cobalto mundial proviene de las minas de la República Democrática del Congo, escribe el autor. De allí, llega a los fabricantes de componentes de baterías y luego, a los propios fabricantes de baterías que abastecen a muchas de las compañías líderes en el mundo del transporte eléctrico.

Pero a pesar de su riqueza mineral, el país africano permanece en una pobreza extrema. Aún más, mucho del cobalto extraído proviene de las minas llamadas ‘artesanales’, es decir, de carácter no industrial, que no están reguladas y no se adhieren a los estándares laborales y de seguridad, explica Dummet.

En muchas minas de este tipo trabajan menores: Unicef estima que unos 40.000 niños están involucrados en la extracción de cobalto.

Para combatir este fenómeno, en 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció directrices claras para las empresas que abastecen de cobalto y otros minerales de áreas de alto riesgo, según las cuales, los fabricantes de automóviles eléctricos y los fabricantes de baterías deben hacer pública la evaluación de si sus prácticas son adecuadas para identificar y abordar los riesgos y abusos de los derechos humanos.

Desde el primer informe de Amnistía Internacional que salió en 2016, varias empresas han formado un organismo llamado Iniciativa Responsable de Cobalto para ayudar a la industria a realizar la ‘debida diligencia’ y abordar la cuestión del trabajo infantil en la República Democrática del Congo. El propio Gobierno, también, anunció que tomaría medidas para eliminar el trabajo infantil en sus minas para 2025, según el autor.

Eliminar los combustibles fósiles en favor de los vehículos eléctricos es una parte integral de un futuro más verde, reconoce el autor. Pero también los fabricantes de automóviles eléctricos necesitan mejorar sus prácticas y tomar medidas para asegurarse de que su papel en la revolución energética “es verdaderamente limpio y justo moral y éticamente”, concluye Dummett.

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