La economía española encara el ejercicio con dudas sobre el impacto que puede tener la crisis catalana en el PIB. Aunque los indicadores más inmediatos apuntan a una leve moderación de la actividad, algunos organismos abren la puerta a un fuerte recorte del crecimiento que se podría llevar por delante hasta 30.000 millones del PIB en dos años.

La economía española ha mantenido firme el timón del crecimiento durante los últimos años, con un crecimiento superior al 3% en 2015, 2016 y 2017, sorteando la incertidumbre generada por la irrupción de Podemos y las dificultades para formar Gobierno, que condujeron a nuevas elecciones. En este periodo, la economía ha hecho frente, con éxito, a la falta de pulso reformista, a la debilidad del comercio global y a la ralentización de la eurozona. Sin embargo, en 2018 la actividad encara un nuevo desafío: la crisis secesionista catalana. Y sobre esto hay mucha incertidumbre, ya que todo depende de cómo afronte la situación el nuevo Ejecutivo regional. Si las tensiones entre la Generalitat y la Administración Central amainan, el procés apenas restará unas décimas al PIB nacional, mientras que de incrementarse podrán frenar a la mitad el crecimiento de la economía. La parte positiva es que la activación del artículo 155 ha logrado minimizar las turbulencias.

Tras el estallido de la confrontación soberanista, en octubre, los principales organismos de previsión macroeconómica se apresuraron a recortar sus previsiones de crecimiento y a ampliar la horquilla de sus pronósticos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por ejemplo, habló de una ralentización del 3,1% en 2017 hasta el 2,3% en 2018, aunque añadió que el PIB se podría llegar a frenar hasta el 1,5% en el caso de que las cosas fueran mal. A su vez, el Banco de España habló de una pérdida potencial 2,5 puntos del PIB entre este año y el próximo, lo que equivale a 30.000 millones de euros. Las razones son claras. Por un lado, el desafío independentista y las tensiones sociales han golpeado a la creación de empleo y al turismo en los meses de octubre y noviembre, lo que ha pasado factura también al consumo. Además, los empresarios, asustados por las huelgas de país y movidos por la necesidad de dar certidumbre a sus accionistas, han trasladado sus compañías fuera de Cataluña y aplazado sus planes de desarrollo en la región. En concreto, se han fugado más de tres mil empresas desde que comenzó el desafío y la inversión extranjera ha caído ya un 75% en el tercer trimestre, lo que lleva a temer un mayor descalabro de los flujos de capital en el cierre del año.

Sin embargo, todo esto no ha hecho tanta mella en la economía catalana como se esperaba, gracias en gran medida a que la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha calmado las aguas. Y esta intervención ha hecho, además, de cortafuegos con el resto de la economía española, evitando el efecto contagio. Al menos, de momento. Con los últimos datos disponibles, la AIReF calcula que el PIB catalán se habría frenado hasta el 0,7% entre octubre y diciembre, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que la del conjunto de España se habría acelerado en la misma proporción, hasta el 0,9%.

La incógnita, sin embargo, es si esta tendencia se mantendrá durante los primeros meses del próximo año, y aquí los expertos también divergen. Por ejemplo, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) habla de una ralentización al 0,6% intertrimestraal entre enero y marzo que se mantendrá durante los siguientes periodos, mientras que la AIReF apuesta por un avance del 0,8% en el conjunto de España. Además, el Indicador Sintético de Actividad, que utiliza el Gobierno para tratar de predecir el comportamiento de la economía durante los próximos seis meses (a través de datos como la contratación, el crédito o el consumo de cemento) apunta a un avance interanual del 2,9% en el primer semestre del año, lo que significaría un aterrizaje suave, tal como adelantó EXPANSIÓN.

Desafíos

Por otra parte, España cuenta con varios desafíos añadidos que pueden agravar los efectos de la crisis catalana, como son el agotamiento de la demanda embalsada de bienes duraderos, la subida de los precios del petróleo, la retirada de estímulos por parte del Banco Central Europeo o la dificultad para sacar adelante nuevas reformas.

En primer lugar, tal como advirtió recientemente el Banco de España, el consumo ya no puede contar con la demanda de bienes de consumo duradero retenida por la falta de optimismo durante la crisis, ya que estas compras aplazadas se fueron liberando entre 2014 y 2016, y la tendencia habría vuelto a la normalidad.

También hay que tener en cuenta que el petróleo ha escalado hasta superar los 66 dólares, su máximo en más de dos años y medio, lo que encarecerá los precios de la gasolina, restando poder adquisitivo al bolsillo de los ciudadanos para otras compras. Si en 2014 y 2015, el abaratamiento del crudo sumó cerca de 8.000 millones a la demanda interna, ahora esta cifra se estaría empezando a revertir.

En tercer lugar la retirada de estímulos por parte del Banco Central Europeo, anunciada para el próximo año, puede marcar una subida de los tipos de interés de la deuda. Aunque el Tesoro ha estirado cada vez más los plazos de vencimiento, reduciendo la vulnerabilidad de la economía española, la deuda pública roza el 100% del PIB. Por eso, un leve movimiento del rendimiento de los pasivos puede suponer un fuerte sobrecoste que dificulte la reducción del déficit.

Por último, el complicado escenario político (y más tras el distanciamiento entre el PP y el PNV por la cuestión catalana) impedirá la realización de reformas de calado que permitirían renovar el impulso al crecimiento. De hecho, el gran problema es que la mayor parte de las medidas que salen adelante son, precisamente, las que merman la competitividad, como el caso de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Fortalezas

Con todo, no se puede obviar que España desafió los pronósticos que hablaban de una desaceleración tanto en 2016 como en 2017 y lo puede volver a hacer con los nuevos vientos de cola que soplan de Europa. La eurozona está experimentando un fuerte crecimiento liderado por Francia y Alemania, pero en el que también cuentan con muy buenos datos eslabones más débiles de la cadena, como Italia o Portugal. Esto supone un fuerte apoyo para las exportaciones, el 60% de las cuales se dirigen al área de la moneda única.

De hecho, tanto la industria está viviendo una etapa de fuerte crecimiento gracias a este tirón, que ha permitido empezar a elevar los precios de venta. En concreto, la facturación del sector manufacturero creció a un ritmo del 8% en el acumulado entre enero y octubre del año pasado, la cifra más alta desde el año 2006, y la tendencia parece ganar tracción con el paso del tiempo, apoyada por la entrada de nuevos pedidos que generan una creciente carga de trabajo.

En segundo lugar, la recuperación de los precios de la vivienda está dando alas a toda la actividad constructora. Si el año pasado se iniciaron 75.600 inmuebles, según Servihabitat, un avance del 15,3%, también se concedieron visados para edificar otras 116.000 propiedades, lo que hará que el ritmo sea todavía más vertiginoso. El mejor tono de la construcción no sólo es clave por su aportación al PIB o porque es clave para reducir el paro de larga duración, sino también porque el enorme peso de la industria que lleva aparejada, que incluye desde la fabricación de azulejos hasta metalurgia, comento o electrodomésticos.

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