La persona llamada a ocupar la Fiscalía General del Estado tropezó en 2013 con el criterio de 15 de los 17 magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Julián Sánchez Melgar había sido el principal impulsor de la doctrina Parot, que pretendía endurecer las penas de prisión para etarras y otros autores de delitos graves. Estrasburgo acabaría por cuestionar sus razonamientos en una sentencia de 2013.

La etarra Inés del Río decidió recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para solicitar su excarcelación: 15 de los 17 magistrados le dieron la razón, frente al criterio de la justicia española. Aquella sentencia del TEDH consideró que España había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y calificó como “detención no regular” la decisión de mantener en prisión a la etarra, al endurecer sus penas con carácter retroactivo.

El artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dice: “Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”.

El candidato del Gobierno para sustituir a Maza en la Fiscalía General cuenta con más de 15 años de experiencia en el Tribunal Supremo. Llegó a la cúspide de la judicatura con el apoyo de Ángel Acebes, con quien había coincidido en Ávila en donde el dirigente del PP ostentaba la alcaldía y el magistrado presidía la Audiencia de esa provincia.

Sánchez Melgar también tiene relación con el actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, con quien coincidió en la misma escuela judicial en la que prepararon su acceso a la carrera. Ambos son de la misma promoción, con la diferencia de que el sevillano pronto dirigiría sus pasos hacia el mundo político mientras que Melgar haría lo propio desde los juzgados.

Uno de los principales asuntos de los que habrá de ocuparse el nuevo fiscal general es el relativo a la querella presentada por su antencesor contra los impulsores del procés. El candidato del PP fue uno de los cinco magistrados que aceptaron a trámite por unanimidad la querella de la fiscalía. Ahora deberá, desde el otro lado, colaborar en su impulso.

La presencia de Puigdemont y cuatro de sus exconsellers en Bruselas podría poner a Sánchez Melgar ante la tesitura de volver a defender sus posicionamientos frente a una instancia judicial europea. Para que todo eso suceda, la propuesta del Gobierno tendrá que contar con los apoyos suficientes y el visto bueno del Congreso de los Diputados.

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