Lenín Moreno, presidente de Ecuador

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, deberá sustentar el 29 de noviembre ante la Corte Constitucional (CC) del país dos de las siete preguntas que planteó para la consulta popular con el objetivo de que el organismo las acepte o descarte.

“De conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (…) se convoca al licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, para intervenir en la audiencia pública a celebrarse el día 29 de noviembre de 2017”, señala la convocatoria difundida este lunes.

La primera pregunta que el mandatario deberá defender será la que consulta a la ciudadanía si está de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida con Ley de Plusvalía.

Esta normativa, que fue aprobada por el Gobierno anterior, cobra un impuesto de hasta 75% sobre el exceso de ganancias que se obtenga de la venta de inmuebles, una medida que generó malestar en los usuarios y empresarios inmobiliarios.

Por ello, Moreno incluyó su posible derogación en el pliego de preguntas de consulta popular que presentó el pasado 2 de octubre ante la CC y que hasta el momento no cuenta con el visto bueno de la entidad.

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La segunda interrogante que el jefe de Estado defenderá ante la CC tiene que ver con consultar al pueblo si está de acuerdo con incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas.

El parque es una de las áreas más biodiversas del país y del mundo ubicada en la Amazonía que alberga al Bloque 43, conformado por los campos Ishpingo, Tabococha y Tiputini, un yacimiento que cuenta con reservas cuantificadas por 1.672 millones de barriles de petróleo.

Con esta pregunta, si bien no se prohíbe la extracción petrolera, que era la demanda de los grupos ambientalistas, sí se reduce el área de intervención.

En esta audiencia también participarán los interesados que se hayan inscrito con anticipación con el fin de presentar sus observaciones a las preguntas.

Marien Segura es la jueza que está cargo de calificar las dos preguntas y emitir un informe para que después el pleno de la Corte lo conozca y apruebe o no las interrogantes.

Las otras cinco preguntas, que en cambio plantean modificar la Constitución y forman parte de un referéndum, ya fueron conocidas por la jueza Tatiana Ordeñana, quien ya emitió el respectivo informe que deberá ser conocido en los próximos días por los ocho magistrados de la Corte.

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