Nueva asociación
El presidente de la Aeden, Vicente López-Ibor (quinto por a izda), el día de su nombramiento como presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía.

Una treintena de juristas fundan un lobby heterogéneo de derecho de la energía

La nueva asociación, transversal, la preside Vicente López-Ibor

Participan juristas de empresas, la Administración; reguladores o del mundo académico

El próximo día 17 se presenta en Madrid la Asociación Española de Derecho de la Energía (Aeden), que ha sido impulsada por una treintena de juristas de distintos ámbitos y que preside el doctor en Derecho Vicente López-Ibor. Una asociación que pretende ser transversal y heterogénea, en la que participan abogados de distintos ámbitos: el de las empresas, grandes y pequeñas, del sector; la Administración; los organismos reguladores;la judicatura;profesionales libres o del mundo académico.

Entre los socios fundadores destacan cinco catedráticos y profesores especializados en el mundo energético, abogados de compañías energéticas y asesores de distintos ámbitos. Constituida a mediados del año pasado por un grupo reducido de los actuales socios, la Aeden inicia a partir de ahora sus actividades y ha abierto sus puertas a los profesionales que quieran participar. Ya para el próximo otoño tiene previsto celebrar su primer congreso.

Lejos de ser una extensión de otros lobbies, como la histórica asociación eléctrica Unesa o del Club Español de la Energía (en el que participan todos los sestores energéticos, no solo el eléctrico), Aeden ha sido impulsada desde la Unión Europea (UE), donde una decena de países cuenta ya con una asociación de este tipo y están en marcha en otros dos o tres.

Existe incluso una Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía, en la que Francia e Italia son muy fuertes, y desde la cual se están promoviendo agrupaciones similares en países miembros que, como España, no contaban con una de ellas. La presidencia de esta federación la ocupa desde el pasado mes de septiembre el propio López-Ibor, mientras que la vicepresidencia le corresponde a Italia.

Exconsejero de la antigua Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN) y del organismo que le sucedió, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Vicente López-Ibor fue durante muchos años secretario general y del consejo de administración de Unesa (en la etapa en que fue una sociedad anónima). En la actualidad dirige el bufete especializado en derecho energético y público-económico Estudio Jurídico Internacional, que tiene alianzas con diferentes despachos en Estados Unidos y Latinoamérica y preside la empresa de renovables Lightsource, en Reino Unido.

Según asegura su presidente, “el objetivo de la nueva asociación “es crear una plataforma de encuentro, a título personal, de profesionales de distintos ámbitos”. Y añade que “se trata de una instancia de estudio y reflexión, como se hace en todas las asociaciones profesionales.

A la vista del fuerte crecimiento y la importancia que adquirido el derecho de la energía en la actividad económica y la sociedad, Aeden pretende analizar este derecho “en su globalidad”, subraya López-Ibor, sin descartar obviamente el debate sobre problemas particulares y concretos. “Se habla de ello pero no se hace, desde el punto de vista profesional y regulatorio”, concluye. La junta directiva que él preside cuenta con dos vicepresidencias, que ocupan Elisenda Malaret e Íñigo de Lugallo, ambos catedráticos de Derecho Administrativo.

Y la completan, como vocales, Nuria Encinar, doctora en Derecho Administrativo y Abogada especialista en Derecho de la UE; Mariano Bacigalupo, actual consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quien fue secretario del consejo de la Comisión de la Energía y director de sus Servicios Jurídicos y Marina Serrano, también exconsejera y secretaria de la CNE, y actual presidenta de Unesa (aunque se sumó a Aeden antes de acceder a este cargo a finales del año pasado). La presidencia de honor la ocupa un histórico del sector energético, Gaspar Ariño.

Entre los socios cofundadores se encuentran, por ejemplo, Manuel García Cobaleda, director de los Servicios Jurídicos de Gas Natural Fenosa o Juan Castro Gil, abogado y secretario de la asociación que integran as pequeñas empresas fotovoltaicas (Anpier). También han sido invitados a participar varios abogados del Estado.

En este sentido, la asociación que ahora arranca ha buscado el equilibrio entre sus integrantes, tanto de género, como ideológico (algo no siempre fácil) o profesional.

Otras fuentes consideran positiva esta plataforma porque será “un nuevo escenario de diálogo” entre sectores variopintos enfrentados, no solo los de las grandes y tradicionales empresas y las miles de pequeñas que han proliferado en el ámbito de las renovables, sino entre todas ellas y el Gobierno.

Hay quien ve detrás de esta iniciativa, tanto en España como en el resto de Europa, la irrupción de las energías verdes y las nuevas tecnologías, que han cambiado radicalmente el paisaje. También el devenir del derecho de la energía, que es “un disparate”, según fuentes del sector, y la cada vez más endiablada regulación.

7.500 millones reclaman los inversores a España

Si hay un caso judicial grave en el ámbito de la energía este es el de los arbitrajes que mantienen una treintena inversores extranjeros del sector de las renovables contra España por el perjuicio que les ha causado el recorte de la retribución a las energías verdes por la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy.

Según los datos que el Ejecutivo proporcionó al Congreso de los Diputados el pasado noviembre, las cantidades reclamadas en distintos tribunales arbitrales supera los 7.500 millones de euros, más que la retribución anual que aún mantienen estas plantas.

Los importes van desde 1.900 millones que reclama The PV Investros en el Uncitral, hasta los 42,8 millones de euros que exige Operafund Eco-Invest Sicav y Schwad Holding en el Ciadi.

Por el momento, España ha perdido un laudo: el del fondo de infraestructuras Eiser, por 128 millones de euros y ha ganado el pleito plateado por un fondo de Isolux, si bien, este hacía referencia al recorte de la retribución que aplicó el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Con estos procesos, que ponen en jaque al sistema eléctrico (Energía pagará la indemnización a Eiser del superávit de mil millones acumulado desde 2013, y que lleva camino de agotarse pronto) los despachos de abogado internacionales han hecho su agosto en España.

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