Tribunal Supremo de España

MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo de España, que hasta ahora era donde se instruía la causa contra 6 miembros del Parlamento catalán por delitos de rebelión, asumirá de manera definitiva el proceso contra 14 antiguos miembros del Gobierno catalán y contra los líderes de las asociaciones civiles Ómnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana.

“El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena asume las investigaciones sobre los exmiembros del Gobierno de Cataluña y los presidentes de ANC y Òmnium que instruía la Audiencia Nacional”, informó el órgano judicial a través de un comunicado.

De esta manera, el Tribunal Supremo se hará cargo de la causa contra veintidós de los principales impulsores y ejecutores del proceso independentista catalán, de los que diez fueron enviados a prisión preventiva tras prestar declaración en la Audiencia Nacional.

Los diez presos son ocho antiguos miembros del Gobierno catalán —entre los que destaca el exvicepreisdente Oriol Junqueras— y los líderes las organizaciones civiles Omnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

En el marco de esta investigación también pesa una orden de detención europea contra el expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos consejeros, huidos a Bélgica, país que deberá decidir sobre su extradición en las próximas semanas.

El pasado 30 de octubre, la Fiscalía General del Estado presentó una querella por delitos de rebelión, sedición, malversación y sus conexos contra el Gobierno catalán y los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña por la planificación y ejecución del proceso independentista.

De ser considerados culpables del delito de rebelión —para el que el Código Penal español establece como necesaria la presencia de violencia—, los querellados podrían afrontar penas de hasta 30 años de cárcel solo por esa infracción.

Además, los citados líderes civiles y dos destacados cargos policiales son investigados por delitos de sedición —penas de hasta 15 años— por las multitudinarias manifestaciones del 20 y 21 de septiembre contra la operación policial desplegada para evitar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

Pese a que a todos ellos se les investiga por los mismos delitos, el Ministerio Público presentó la querella contra los representantes gubernamentales ante la Audiencia Nacional —que habitualmente se ocupa de delitos de mayor gravedad y relevancia social como el terrorismo— al considerar que era el órgano pertinente.

Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con los integrantes de la Mesa del Parlamento porque la mayoría de ellos sigue formando parte de la diputación permanente de la cámara —disuelta por Mariano Rajoy el 27 de octubre—, lo que les otorga un nivel de protección legal por el que solo puede juzgarles el Tribunal Supremo.

En su auto de este viernes, el magistrado Pablo Llarena justifica la unificación del procedimiento en el Supremo por fines funcionales y por la imposibilidad de procesar a los miembros del Parlamento en la Audiencia Nacional.

La magistrada Carmen Lamela —instructora de la causa en la Audiencia Nacional— ya se manifestó a favor de acumular las causas porque todos los investigados formarían “una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente”.

Por tanto, toda la causa se trasladará al Tribunal Supremo con excepción de la investigación contra el antiguo jefe de la policía catalana, Josep Luis Trapero, y de su intendente, Teresa Laplana, que serán procesados en la Audiencia Nacional.

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