Central elctrica de carbn.

La Comisión Europea ha abierto una investigación que cuestiona las subvenciones que reciben las centrales eléctricas de carbón españolas para apoyar la instalación de filtros para reducir los niveles de contaminación. Desde la entrada en vigor de estas ayudas en 2007, catorce centrales han recibido 440 millones por este concepto y se contemplan pagos hasta 2020. Si la Comisión concluye que estas ayudas son ilegales, las eléctricas tendrán que devolver el importe recibido más intereses.

La decisión llega en plena batalla entre el Gobierno y la compañía eléctrica Iberdrola. Esta quiere cerrar sus dos plantas de carbón (en Lada, Asturias y en Velilla, Castilla y León), porque no cumplen con los criterios medioambientales y de rentabilidad. El Ejecutivo español se opone al cierre de las centrales de carbón por cuestiones de seguridad del suministro eléctrico y para proteger los empleos. De momento, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha redactado un borrador de real decreto en el que prohíbe el cierre de una central si este tiene impacto en los precios y, en su lugar, insta su venta a otra compañía.

Pero este último movimiento de Bruselas vuelve a cuestionar la generación eléctrica con carbón y ofrece oxígeno político a Iberdrola. Además, la Comisión ya está analizando el encaje legal del futuro real decreto de Nadal en la legislación europea.

La apertura de la investigación no presupone que las ayudas sean ilegales, pero sí indica que el Ejecutivo comunitario ve indicios de que se está vulnerando la normativa comunitaria.

La medida polémica

El denominado “incentivo medioambiental” ofrece 8.750 euros por megavatio al año a las centrales eléctricas de carbón que instalen nuevos filtros de óxido de azufre para reducir las emisiones por debajo de determinados límites.

Pero según la Comisión, esos límites solo habrían servido para ayudar a cumplir con las normas de medio ambiente europeas, lo que contraviene uno de los principios sobre el que se rigen las ayudas públicas europeas. “Los Estados Miembros no pueden conceder ayudas estatales a empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente”, afirma el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

“Ello atentaría contra el principio de «quien contamina, paga» y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal respecto de otras formas de producción de electricidad y de las centrales de carbón sujetas al Derecho de la UE en otros Estados miembros de la Unión”, concluye la Comisión.

El Gobierno no informó en 2007 a Bruselas del sistema de ayudas, tal y como es preceptivo en la UE, y el Ejecutivo comunitario lo descubrió durante el análisis sectorial sobre mecanismos de pago por capacidad en diferentes Estados Miembros, España entre ellos.

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