Concluida la era del reparto de asilados entre países miembros, Bruselas explora una vía menos conflictiva. Se trata del llamado reasentamiento, que consiste en aceptar a los refugiados antes de que desembarquen en Europa, negociando con los países en los que se hayan instalado al huir de la persecución. Bruselas presentará este miércoles un nuevo esquema para acoger en origen al menos a 50.000 personas. Como incentivo, ofrece en total 10.000 euros por cada reasentado.

El proyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, supone un cambio de enfoque en la crisis de refugiados. Hay dos claves que lo diferencian de la reubicación: que en este caso la contribución de los países es voluntaria y que no se admitirá a nadie que haya puesto un pie ilegalmente en la UE. La Comisión Europea ya puso en marcha un programa similar hace dos años, más exitoso que el reparto: de los 22.500 refugiados candidatos al reasentamiento, se ha acogido a más de 17.000.

El plazo otorgado para lograr la nueva meta es, eso sí, idéntico al de la reubicación. Los 50.000 refugiados previstos deberían estar en la UE en octubre de 2019, precisa el documento.

Para afianzar la idea de que se trata de un esfuerzo modesto en relación con la magnitud del problema, Bruselas pone los datos en perspectiva: “Con las necesidades de reasentamiento en un nivel histórico de 1,2 millones [de personas], la UE debería acoger al menos a 50.000”. El presupuesto comunitario habilitará 500 millones de euros para esta política. La recompensa por refugiado es superior a la que se ofrecía en el programa de reubicación entre países europeos (en aquel caso, 6.000 euros por asilado).

Los nuevos beneficiarios procederán de Estados como 터키, Jordania y Líbano, que albergan al grueso de los refugiados sirios. Las propuestas de la Comisión no se limitan a esa vía de acogida.

Más expulsiones

Junto al reasentamiento, Bruselas insta a pisar el acelerador en dos políticas mucho más controvertidas: las expulsiones de migrantes que no son candidatos a recibir estatus de asilado y la presión a sus países de procedencia para que cooperen en el control de los flujos. En el caso de los retornos, la Comisión parte de unas cifras escalofriantes. Entre 2015 y 2016 se presentaron en toda la UE 2,6 millones de solicitudes de protección internacional. Si la media de reconocimiento es del 50% y se añaden los casos pendientes, los Estados miembros “pueden tener que afrontar más de 1,5 millones de retornos en un futuro próximo”. Se trata de cifras inasumibles porque el proceso es muy laborioso. La UE apenas llega a expulsar al 36% de los migrantes con orden de abandonar el país. Bruselas insta a redoblar los esfuerzos con la agencia europea de fronteras (Frontex), que ahora tiene esas competencias.

Más allá de las expulsiones, el Ejecutivo comunitario propone condicionar toda la política europea hacia terceros países (ayuda al desarrollo, visados, comercio…) al grado de cooperación que muestren en la gestión de la migración hacia Europa.

Las medidas comunitarias exhortan a los Estados a nutrir más el fondo fiduciario creado para el desarrollo de África. Pero también a “movilizar todos los incentivos e instrumentos disponibles” para convencer a los países de que colaboren. Para ello se crearán proyectos piloto que ofrezcan vías legales de entrada en la UE a migrantes económicos de países dispuestos a frenar los flujos ilegales y también a acoger a los expulsados. La Comisión aconseja que, “en casos de falta de cooperación persistente”, los Estados condicionen los visados a esa cooperación.

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