En el dictamen emitido el viernes, el mismo día en que el nuevo presidente Emmerson Mnangagwa juraba el cargo ante 60.000 personas, el juez Justice Chiweshe decretaba que las acciones de las Fuerzas de Defensa de Zimbabue son “constitucionalmente permisibles y legales”. Además, también valida por otra parte, el ascenso de Mnangagwa a la presidencia, tildando de “nula e invalida” su anterior destitución de la vicepresidencia, el 6 de noviembre. Su expulsión desencadenó el levantamiento militar que acabó poniendo fin el martes pasado a los 37 años de Gobierno de Mugabe, de 93 años. El expresidente se vio obligado a dimitir por la presión política aunque a cambio consiguió que le permitieran quedarse en el país y no ser procesado.

Ambas decisiones son “injustificables desde el punto de vista judicial”, considera Derek Matyszak, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS). Según Matyszak, se trata de una “maniobra para dar legitimidad al golpe de Estado”.

La operación militar, que se lanzó el pasado 15 de noviembre, viola la Constitución por tres razones, según el investigador. “Primero, porque el despliegue militar se hizo sin permiso del presidente; segundo, porque se realizaron una serie de arrestos de personas que no fueron llevadas a juicio y, en tercer lugar, porque el Ejército interfirió en asuntos de partido cuando su rol tiene que ser imparcial”.

Nueva era, viejas formas

En las primeras horas de la supuesta nueva era en Zimbabue, han empezado a resurgir, con fuerza, las mismas formas de funcionar que han caracterizado al régimen en las últimas cuatro décadas. La máquina es la misma, el partido del Gobierno ZANU- PF, y parece que el uso de la fuerza militar para resolver asuntos políticos sigue vigente. “Un precedente muy peligroso”, estima Matyszak. Por otro lado, ayer comparecieron ante la justicia algunas de las personas cercanas al expresidente que fueron arrestadas o puestas bajo custodia durante la semana trágica de Mugabe, la de la “operación restaurar el legado”.

El primero, el exministro de Finanzas, Ignatius Chombo, uno de los intocables del círculo que, sentado en el banquillo de los acusados, se enfrenta a cargos de corrupción y abuso de poder. El exministro ha sido llevado a prisión, igual que el exlíder de las juventudes del ZANU-PF, Kudzai Chipanga, antes de que mañana continúe el juicio.

La preocupación vuelve a crecer entre la población casi inmediatamente después de haber sentido el esperado renacer. Sedientos de cambio, muchos zimbabuenses siguen celebrando la caída de Mugabe y de la primera dama Grace, pero tras una transición asistida militarmente y la caza de brujas que acompaña el inicio de esta nueva etapa, se respiran más los ánimos de venganza que la voluntad de cambiar el estilo de gobernar. El periodista Farayi Machamire del periódico 매일 뉴스 de Zimbabue lo resume así: “hay un nuevo sheriff en la ciudad”.

Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre ante el futuro del gran líder caído y su mujer, de quien no hay rastro desde que el Ejército tomó el país y se enfrentó a su propio padre y camarada, hace diez días. Enemiga número uno del nuevo presidente, Grace Mugabe se ha quedado atrapada entre el amor de uno y la ira de otro, los dos únicos presidentes que ha tenido Zimbabue.

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