La Comunidad de Madrid atiende a las víctimas de violencia machista con la mitad de presupuesto que en 2008. Ese año destinó 44,8 millones de euros a acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad, una cantidad que fue cayendo en picado hasta 2014, cuando empezó a recuperarse a razón de un millón por año. El resultado es que en 2017 la partida no llega a los 22,6 millones de euros, según datos extraídos del último informe de CCOO sobre violencia machista en la región.

El exiguo presupuesto, además, no se ejecuta por completo. Entre 2014 y 2016 se dejaron de gastar casi 16 millones de euros que ya estaban consignados para esta materia: 5,7 en 2014, 5,5 en 2015 y 4,6 en 2016. La Consejería de Políticas Sociales justifica que el porcentaje va mejorando y culpa de ello a los ayuntamientos y mancomunidades por “no justificar las actuaciones de los cuatro últimos meses del año al cierre del ejercicio”.

“Si el presupuesto ya es pequeño, me parece atroz que no se utilice”, critica Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS). La organización, referencia desde hace tres décadas, ha tenido que dejar el lugar donde atendían a las mujeres porque no tienen dinero para pagar el alquiler debido a un retraso en la resolución de las subvenciones del IRPF, dependiente desde este año de la Comunidad de Madrid, con las que subsisten.

“Trabajamos con mucha dificultad. En la etapa de Gallardón teníamos hasta un convenio y unas instalaciones cedidas, pero a mitad de legislatura de Esperanza Aguirre todo eso se acabó. Y con Cifuentes ha seguido igual”, explica Alarcón, que asegura que atienden al mismo número de mujeres con la mitad de psicólogas y abogadas. “Si la cosa sigue así vamos a tener que dejarlo. Tenemos la esperanza de la la Comunidad nos tengan en cuenta este año”, señala.

En lo que va de 2017, ocho mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid; en 2016 fueron dos, según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales. Es el número más alto desde 2013.

Desde la Consejería de Políticas Sociales aseguran que “todas las mujeres víctimas son atendidas” en la región. Los datos del Consejo General del Poder Judicial alertan de un aumento del 25% en el número de denuncias en la Comunidad de Madrid si comparamos el primer semestre de 2016 con el primero de 2017, periodo durante el que se presentaron 13.339.

En todo el 2016 los juzgados de violencia de género recibieron 21.535 denuncias, un 14% más que el año anterior. De las denunciantes, 5.331 solicitaron órdenes o medidas de protección que fueron denegadas en la mitad de los casos, según el informe de CCOO.

Preocupación de la Fiscalía

La fiscal adscrita a la Fiscalía de la Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, compareció el lunes en la comisión de Igualdad de la Asamblea de Madrid, donde advirtió de que en Madrid capital solo se conceden el 39%, en Aranjuez el 38,5%, en Getafe el 37,5% y en Alcorcón el 39,5%; frente al 73% de órdenes que sí se conceden en Leganés, por ejemplo.

Peramato puso de relieve que Madrid sigue sin tener las unidades de valoración integral forense en los juzgados que prevé la ley integral de 2004, encargadas de realizar informes para los jueces a lo largo del procedimiento sobre el riesgo de las víctimas. “Con ellas descendería el número de denegaciones porque sabemos que en la mayoría de ellas no se advierte una situación objetiva de riesgo”, dijo. La Comunidad de Madrid tampoco tiene Oficina de Atención a las Víctimas.

Una ley falta de desarrollo

“Tenemos una ley contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid desde hace 12 años y no se ha desarrollado”, critica la diputada de Podemos Clara Serra, que considera que “la recuperación no ha llegado a estos presupuestos”. Para 2018, el Gobierno regional destinará un millón de euros más hasta alcanzar los 23,6 millones (un 4% más). Ciudadanos, grupo con el que Cifuentes pactó los presupuestos para poder sacarlos adelante, argumenta que la subida no es suficiente pero “es menos que nada”. “El Gobierno nos dijo que el presupuesto total se extendía trasversalmente por todas las consejerías en diferentes conceptos”, asegura el portavoz Ignacio Aguado.

Desde Podemos advierten de las “consecuencias” del bajo presupuesto, como el “empeoramiento de las condiciones laborales” de las trabajadoras que están en recursos externalizados, como son las casas de acogida, públicas pero gestionadas por empresas con el modelo de gestión indirecta. En estas instalaciones de emergencia vivieron el año pasado de manera temporal 435 mujeres y 338 menores, según cifras de CCOO.

Como avances que señala el mismo informe, la Comunidad de Madrid comenzó a personarse a principios de 2016 como acusación popular en los procedimientos judiciales por casos de violencia de género. Una noticia recibida positivamente por los colectivos feministas pese a que la administración tenía que llevar haciéndolo desde 2005 porque la norma autonómica aprobada ese año le obliga a ello.

El Ejecutivo autonómico también aprobó al poco de llegar al Gobierno la ‘Estrategia de Actuación Integral contra la Violencia de Género’ para el período 2016-2021, con un presupuesto de 272 millones de euros y 160 medidas. Un marco cuya efectividad cuestiona la oposición porque “muchas son cosas que ya están funcionando”. “Es un compendio que junta iniciativas y medidas como un paquete pero realmente no cambia demasiado”, sostiene la diputada Clara Serra.

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