El PP de Esperanza Aguirre diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

En su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez aprueba a las diligencias solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reclama datos sobre los contratos suscritos entre la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y las empresas Thinking Forward, Central de Producers y la Joya Producciones. Tres proveedores del PP que están relacionados con Laboratorio de Almagro, una de las empresas que el juez incluye en la financiación ilegal del partido.

García Castellón accede a reclamar nuevas pruebas sobre estas empresas, con el fin de “recabar nuevas evidencias” y ampliar la información que ya se dispone sobre “subvenciones, donantes, adjudicaciones, facturaciones de cobertura con empresas intermediarias, o la simple ocultación de partidas de gastos electorales que no se recogieron en la contabilidad electoral del Partido Popular de Madrid, confeccionada ‘ad hoc'”.

El juez señala que estas nuevas diligencias se ordenan tras localizar un documento donde se revelaba “la posible participación encubierta de la empresa citada -Laboratorio de Almagro- en un concurso público licitado por la Comunidad de Madrid poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del año 2011”.

La UCO desarrolla la participación de esta empresa en un informe, en el que advierte de que Laboratorio de Almagro desarrolló los trabajos de un contrato público licitado por la Consejería de Hacienda a otra empresa, Thinking Forward. La primera “participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del referido contrato público, llegó a percibir el sesenta por ciento de los beneficios del mismo”.

Es más, la UCO señala que este proveedor del PP “parece dirigir todas las actuaciones del contrato y ordenar los pagos a los proveedores del mismo, pese no ser la adjudicataria real del contrato público investigado”. Los agentes destacan que estas empresas también colaboraron después en diversos aspectos de la campaña de Aguirre.

Contactos y reuniones previas al contrato

Los agentes también destacan que en el registro de Laboratorio de Almagro encontraron un documento denominado “contactos PP”. En él aparecen nombres y teléfonos de cargos del PP, pero también de la Consejería de Hacienda, como el mismo consejero, Antonio Beteta. En la lista de contactos de esta empresa aparecen también Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, o Francisco Granados.

En otro correo interceptado, responsables de la empresa dejan claro que tiene contactos en el gobierno de Aguirre que pueden ayudarles con los contratos públicos: “Creo que tendríamos que coordinar bien estos temas para que haya siempre alguien pendiente de los concursos públicos, especialmente de la CAM (donde se supone que tenemos amigos ¿no?)”.

La UCO hace hincapié en que el contrato investigado se tramitó poco antes de las elecciones por el procedimiento de urgencia, cuando su objeto era “informar a todos los madrileños de los beneficios そして servicios que obtienen de la Comunidad de Madrid por cumplir con sus obligaciones tributarias en la Comunidad de Madrid”.

Es más, rematan los agentes que los responsables de Laboratorio de Almagro “habrían mantenido contactos directos con responsables de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, produciéndose uno de esos contactos antes de la publicación del concurso そして en relación directa con esa licitación concreta, produciéndose la segunda de esas reuniones durante el proceso de licitación del contrato そして antes de su adjudicación provisional”.

En un correo posterior de la responsable de la empresa se refuerzas las sospechas de los agentes. Maria Luisa de Madariaga, al frente de Laboratorio de Almagro, escribe que “hemos recibido el briefing de lo que quiere インクルード Consejera hace semanas, y habéis podido trabajar con esta información, incluso antes de la salida de pliegos”.

Los agentes concluyen que es necesario investigar si hubo amaño en ese contrato, dado que durante la investigación se han reunido “elementos probatorios sólidos que acreditarían actos de favorecimiento en determinados procesos de de adjudicación de contratos públicos a personas allegadas a la formación política investigada”. En base a este informe, el juez accede a reclamar documentación a la Consejería de Hacienda y a las empresas sobre ese contrato.

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