“¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado y que el nacionalismo se apodere de un espacio civil sagrado como es la educación?”. Así se dirigía Albert Rivera, líder de Ciudadanos, al PP y al PSOE desde la tribuna del Congreso para pedirles un mayor control de la inspección sobre los colegios catalanes. Este es uno de los discursos recurrentes de la formación naranja que a su rechazo a la inmersión lingüística ha sumado ahora las acusaciones de adoctrinamiento en las aulas. ¿Pero hasta qué punto se fundamenta su relato en lo que ocurre a diario en los centros educativos?

A juzgar por las imágenes que mostró Rivera en el Congreso para probarlo, a la acusación le falta cuanto menos precisión.”Esto es lo que se estudia en los libros de texto”, dijo señalando una fotocopia de un mapa de los llamados Països Catalans, pero omitió que se trataba de un mapa lingüístico –de las zonas donde se habla catalán– y no político, y que ni siquiera era un libro de texto, sino una enciclopedia infantil editada por TV3. También denunció la presencia de una estelada colgada en la fachada de una escuela de Aiguaviva (Girona), aunque no precisó que cuando los niños empezaron el colegio en septiembre la bandera ya no estaba, porque fue retirada antes del inicio del curso escolar por parte de la administración.

“Es muy difícil afirmar o descartar el adoctrinamiento: nunca tendremos noticias directas, porque los testigos siempre son alumnos, familias, docentes… Lo que seguro no se puede hacer es extrapolar”, expone el profesor de Pedagogía de la UB Enric Prats, que afirma que en Catalunya el adoctrinamiento “no es un problema real”. “Afirmarlo de forma tajante no tiene fundamento”, sostiene este académico, que además argumenta que la influencia de los mensajes recibidos en la escuela tampoco pueden explicar una realidad como el auge independentismo catalán.

En Ciudadanos, sin embargo, afirman que las escuelas y los medios de comunicación públicos son fundamentales para su estrategia. “Deberían trabajar para que los secesionistas no adoctrinen, para que la educación que imponen no sea lo que es, una fábrica de crear robots que solo piensan lo que ellos quieren que piensen”, le reprochó el diputado de C’s Toni Cantó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en una intervención anterior en el Congreso. Obvió sin embargo que la conversión al independentismo no entiende de edades, ya que esta opción política ha calado por igual entre los alumnos de la escuela catalana y los de la escuela franquista, tal como apuntaba el politólogo Lluís Orriols en un artículo reciente

Lluvia de acusaciones y fijación por los libros de texto

Ciudadanos ha visto en los supuestos casos de adoctrinamiento un filón para cargar contra el PP, a quienes acusan de haberlo permitido desde el Gobierno, con lo que no han dudado en airear todas las denuncias que han podido sobre esta materia, muchas de ellas aparecidas en medios de comunicación en los últimos meses. El mayor ejemplo de ello fue la interpelación de Toni Cantó al ministro de Educación con la que le recriminó si le parecían “normales” una larga serie de casos que fue enumerando, como las acusaciones contra docentes de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por criticar a varios alumnos hijos de la Guardia Civil

Con sus críticas, Cantó volvió a generar controversia. Acusó a las direcciones de colegios de enviar cartas antes del 1-O a las familias para que autorizaran a sus hijos a ir a “manifestaciones secesionistas saltándose clases”, sin especificar que es el procedimiento habitual de la mayoría de centros ante la participación de sus alumnos en protestas y huelgas, algo que permite la ley de educación para los jóvenes a partir de Tercero de la ESO. También alertó que ya no pueden hacer actos sin que les “escracheen” en la universidad, y si bien es cierto que han sufrido increpaciones por parte de grupos independentistas, el 2 de noviembre –el mismo día que entraban a prisión los exconsellers–, pudieron acudir con el PP a un acto de Societat Civil Catalana en la UAB que transcurrió con normalidad.

En la cartera de denuncias de C’s juegan otro papel importante los libros de texto, en los que aseguran que se manipula principalmente la historia. Para ello, han usado a menudo el informe que realizó el autodenominado sindicato AMES –que no cuenta con representación alguna en las aulas catalanas– de varios libros escolares. El informe es una relación de casos de “adoctrinamiento ideológico” a partir de extractos de párrafos descontextualizados y fotografías de libros.

Virginia Gámez, doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales por la UB, quita hierro a las posibles imprecisiones que se puedan encontrar en un libro de texto. “En un análisis exhaustivo se pueden detectar errores, imprecisiones, vaguedades y hasta estereotipos”, admite, “y esto puede provocar que se destaquen aspectos más anecdóticos”. Sin embargo, se muestra convencida del rigor con el que se trabaja en la elaboración de los libros de texto en España, y asegura que hay que tener en cuenta “la dificultad que implica la síntesis de contenidos” para que sean comprensibles en edades como las de Primaria.

Sea como sea, muchas de denuncias aparecidas en los medios de comunicación y aireadas por las familias han pasado ya por las mesas de los inspectores catalanes. La Generalitat ha atendido a los tres requerimientos del Ministerio de Educación por presuntos episodios de adoctrinamiento, por lo que los inspectores han estado revisando desde el 1-O decenas de casos que ya se han remitido a Méndez de Vigo, que deberá tomar medidas si se ha vulnerado la ley. Por ahora no ha sucedido.

Del Congreso al programa electoral

La batalla del adoctrinamiento la ha librado Ciudadanos con más insistencia desde la tribuna del Congreso de los Diputados que en sus propuestas electorales. Las duras intervenciones de Rivera o Cantó estas últimas semanas contrastan con la práctica ausencia de este tema en el programa electoral del partido naranja para el 21D. Todo lo que aparece sobre ello es que quieren “una escuela pública donde no se politice a nuestros hijos, donde se enseñe a pensar y no qué pensar”. “Una escuela en libertad y sin ideologías es fundamental para el desarrollo personal de los alumnos”, reivindican, aunque no concretan cómo llevarlo a cabo.

En los anteriores comicios fue más reducida su mención a lo que ha “alimentado el monstruo”, en palabras de Cantó en el Congreso. Pero a su vez es cierto que en las elecciones generales incluyeron propuestas para reforzar la Alta Inspección de Educación –cosa de la que se desmarcaron recientemente para pedir una agencia independiente– y dedicaron varios puntos para definir cómo debería ser una educación en “valores cívicos y pensamiento crítico”. En este ámbito, consideraron que fuera obligatorio, entre otras medidas, “el estudio de los derechos y los deberes constitucionales”.

Argumentos que desmiente la inmersión

Lo que sí aparece en el programa de Ciudadanos desde su irrupción en la política catalana es su reivindicación de un modelo trilingüe para los colegios catalanes, con el que catalán, castellano e inglés deberían ser lenguas vehiculares de la enseñanza. Este sería el modelo óptimo, según la formación liderada por Inés Arrimadas en Catalunya, para que los alumnos acabaran la ESO con un buen dominio de los idiomas. Algo que sucede ahora con catalán y castellano.

El modelo de inmersión lingüística ha garantizado que los alumnos se titulen con un nivel similar de catalán y castellano, según las evaluaciones anuales del Consejo Superior de Evaluación de Catalunya, que elabora pruebas externas en Cuarto de ESO. También en las comparaciones entre comunidades autónomas, Catalunya ha aparecido en la media española de nivel de castellano: en la última evaluación externa que hizo el Instituto Nacional de Evaluación de Educación, la media de España quedó en 500 puntos, mientras que la de Catalunya, en 502.

Los defensores de la inmersión recuerdan también que la enseñanza en catalán no perjudica a los alumnos castellanohablantes a la hora de aprender los conceptos escolares con la misma agilidad que los catalanohablantes. Para ello recurren al informe PISA, que en Catalunya se realiza en catalán, y cuyos estudiantes presentan resultados similares sea su lengua materna el catalán o el castellano. La última explotación de los datos de PISA analizada por la Fundació Jaume Bofill en 2009 así lo atestiguaba (los castellanohablantes quedan sólo 10 puntos por debajo de los catalanohablantes, una diferencia que la OCDE no considera significativa).

Desde Ciudadanos insisten también que la inmersión lingüística cuenta con menos apoyo social del que se le supone. Y ahí sí que hay indicios de que ha perdido adeptos. El amplio consenso entorno a la Ley de Normalización Lingüística de 1983, aprobada por la práctica totalidad del Parlament, ha perdido a un 25% del total de votantes –los de PP y C’s el 27-S– ahora abiertamente contrarios al modelo de escuela en catalán. El auge de Ciudadanos prueba el creciente rechazo.

Por último, otra creencia relacionada con la inmersión es que se trata de un modelo rígido de enseñanza solamente en catalán, cosa que contrasta con una realidad mucho más flexible. El 14% de los centros públicos ya dan algunas clases en castellano, según datos de la Generalitat en 2014, y otros muchos en inglés. Eso sí, no son los padres y madres quienes deciden la lengua en que estudian sus hijos, sino que lo hacen los profesores al elaborar el proyecto educativo del colegio.

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