क्रिस्टीना फर्नांडीज डी Kirchner no tiene dudas: el juez Claudio Bonadio forma parte de una operación para acallar su voz en el Senado. La expresidenta puso al frente de esa presunta estrategia política al presidente मौरिसियो मैक्रि, al que acusó de “manipular a la justicia”. “Hay instrumentos de una persecución política sin precedentes en democracia y Mauricio Macri es el director de la orquesta y el juez Bonadio ejecuta la partitura”, dijo durante una rueda de prensa convocada de urgencia horas después de que Bonadio pidiese al Congreso que autorice su detención por “traición a la patria”.

Kirchner se rodeó de legisladores aliados en un salón del Congreso. En ese mismo edificio iniciará el 10 de diciembre su trabajo como legisladora tras ser elegida en octubre. Se la vio evidentemente cansada. Y apeló más de una vez a la lectura para dejar bien en claro la idea que quiso transmitir a los periodistas que la escuchaban, mientras todos los canales de noticias argentinos transmitían en directo sus palabras. “Me quieren callada, pero no me van a asustar”, dijo Kirchner. Luego disparó contra los fundamentos jurídicos de su pedido de detención: “Es una causa inventada sobre hechos que no sucedieron, no hay hechos, no hay delito, esto es despropósito que viola el Estado de derecho y busca provocar daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la justicia ni con la democracia. Bonadio lo sabe y Macri lo sabe”.

El juez Bonadio acusa a Kirchner y a otros 13 imputados, entre ellos el excanciller Héctor Timerman, de montar un “plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento” para “dotar de impunidad” a los iraníes sospechados de la autoría intelectual del atentado terrorista contra la mutual judía en Buenos Aires, Amia, que dejó 84 muertos. Las conclusiones de Bonadio se basan en las investigaciones del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto de un disparo en la sien en su casa un día antes de presentar sus conclusiones en el Congreso. Los sospechosos del atentado a la Amia tenían un pedido de captura internacional cuando el gobierno de Kichhner firmó con Teherán un memorando que los habilitaba a interrogarlos en territorio iraní. El Gobierno presentó el acuerdo como la única posibilidad de avanzar hacia la verdad de lo sucedido en la mutual judía, pero el fiscal entendió que fue en realidad “un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

La causa por presunto encubrimiento estuvo dormida en el despacho de Bonadio hasta la llegada de Macri al poder, en diciembre de 2015. El juez fue entonces más allá y agregó a Kirchner el cargo de traición a la patria, una figura que aplica a los altos funcionarios que en tiempos de guerra ayudan al enemigo en contra de los intereses de su país. “Bonadio dice que los dos atentados terroristas, el de la embajada [de Israel en Buenos Aires, en 1992] y el de AMIA son actos de guerra. Esa fue la única manera que encontró para en su mundo jurídico para traer de los pelos la figura de la traición a la patria”, dijo Kirchner.

Para la expresidenta, la causa es un gran invento para que ella no pueda alzar su voz en el Senado, una idea en la que insistió varias veces. “No soy la única persona que sufre estas extorsiones, sí quiero decirles que no van a tener resultado y que voy a seguir haciendo lo que siempre hice, que es defender los intereses de las grandes mayoría nacionales. Me quieren callada y con la espada de Damocles sobre mi cuello”, dijo. La Cámara alta tiene ahora en sus manos la suerte de la expresidenta. Cuenta con 180 días para decidir.

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