Juan Antonio Ibaez, presidente de Urbas.

El consejo de administración de la inmobiliaria, liderado por su presidente y máximo accionista Juan Antonio Ibañez, ha reiterado el beneficio de la ampliación de capital, por la que la Fiscalía Anticorrupción le investiga a él y a su empresa por un “presunto delito de estafa”.

Tranquilizar a sus accionistas frente a las acciones judiciales que se enfrenta la compañía inmobiliaria Urbas Grupo Financiero y su consejo de administración. Éste ha sido el objetivo del comunicado enviado esta mañana por la inmobiliaria liderada por Juan Antonio Ibañez, presidente y máximo accionista de la compañía, a través de la sociedad Robisco.

El pasado 13 de septiembre, el juzgado central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional informó a la inmobiliaria y a su órgano de gobierno del inicio de una investigación por presuntos delitos de estafa, relativos al mercado y a los consumidores, así como de administración desleal. En concreto, la Audiencia Nacional ponía el foco en la ampliación de capital llevada a cabo por la compañía en julio de 2015.

Entonces, Urbas procedió a ampliar su capital por valor de 384,48 millones de euros, a través de una aportación no dineraria del 100% de las participaciones de la sociedad Aldira Inversiones.

En un escrito remitido a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de Urbas defiende que dicha operación fue realizada “cumpliendo escrupulosamente todos los requisitos legales exigidos”, incluyendo la valoración realizada por expertos, tasadores y auditores independientes.

Asimismo, recuerda la inmobiliaria, que de no haber realizado dicha operación, la compañía habría entrado en causa de disolución “lo que sí habría supuesto un gran perjuicio para los accionistas”.

Si finalmente esta ampliación fuese revertida judicialmente, Urbas alerta de los efectos que podría tener en la compañía.

A raíz de la investigación de la Audiencia Nacional, la CNMV suspendió de cotización el pasado 14 de septiembre las acciones de Urbas. Desde entonces, los títulos de la compañía se mantienen fuera de mercado a la espera de novedades. Hasta la suspensión, su capitalización ascendía a 48,5 millones de euros, tras revalorizarse un 41,67% en el año.

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