Abu Walid Dajani acude como cada día a su despacho en la primera planta del Hotel Imperial, situado junto a la puerta de Jaffa, en el recinto amurallado de Jerusalén. Su padre comenzó a gestionarlo en 1949, tras llegar a un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa griega, propietaria del edificio. A los 73 años, transmite serenidad a pesar de los problemas que se avecinan. El terremoto que en 2005 provocó la caída en desgracia del patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Jerusalén, Irineo I, vuelve a sacudir los cimientos de la comunidad cristiana de rito griego en Tierra Santa. El hotel de la conocida familia Dajani, situado en un inmueble cedido por el anterior patriarca, se encuentra en el epicentro de una crisis, el caso Jaffagate, que ahonda en el intento de judaización del este de Jerusalén y, en concreto, del corazón cristiano de su Ciudad Vieja. “Es una pesadilla, no puedo acostarme cada noche pensando si mañana será el último día del negocio de mi familia durante décadas”, confiesa Dajani. “Hay que mantener la calma y analizar la situación con la cabeza fría antes de actuar”.

El pasado 1 de agosto, un tribunal de Jerusalén validó la venta de inmuebles del caso Jaffagate. Una trama que se fraguó en secreto en 2004 y estalló un año después, cuando trascendió que la cúpula de la Iglesia Ortodoxa, con Irineo a la cabeza, había cedido propiedades históricas a tres sociedades extranjeras vinculadas a la asociación nacionalista israelí Ateret Cohanim, que persigue la expansión de la colonización judía en la parte oriental de la Ciudad Santa, ocupada y anexionada por Israel tras la guerra de 1967. Fundado en 1978, este grupo dirige una “yeshiva” (escuela talmúdica) en pleno barrio musulmán de la Ciudad Vieja.

Durante el breve patriarcado de Irineo —elegido en 2001, reconocido por Israel en 2004 y relevado de sus funciones por la cúpula eclesiástica en 2005— se negoció la cesión en usufructo por 99 años, renovable por el mismo periodo, de un edificio residencial situado junto a la Mezquita de Al Aqsa. Se cedió además el Hotel Imperial, que gestiona la familia Dajani, y el Hotel Petra, explotado por los Kiresh. Estos dos complejos están situados en la puerta de Jaffa, principal acceso a la Ciudad Vieja. Fue una macrooperación inmobiliaria, cerrada oficialmente a un precio de ganga. “Todas esas propiedades por 1,8 millones de dólares (unos 1,5 millones de euros) son un regalo. Solo el Imperial, que tiene unos 2.000 metros cuadrados y está situado en un lugar privilegiado de la Ciudad Vieja, vale más”, asegura Maher Sahlieh, miembro del Consejo Central Ortodoxo.

La comunidad cristiana greco-ortodoxa local —a cuya dirección pertenece Sahlieh y que aglutina iglesias de rito griego en Israel, Jordania y Palestina– acusó al patriarca Irineo de colaborar en la judaización de Jerusalén Este y favorecer una venta que ponía en manos de los colonos el corazón del barrio cristiano. Irineo fue degradado a monje y relevado en el cargo por Teófilo III. El nuevo patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, trató de revertir el acuerdo en los tribunales israelíes. Alegó que toda la operación fue un fraude orquestado por Nikos Papadimas, el administrador de Irineo, quien se aprovechó de los poderes que le otorgó su predecesor para cerrar el trato y huir a Estados Unidos con el dinero de la transacción.

Batalla legal

Pero la juez adjunta del tribunal de distrito de Jerusalén, Gila Kanfi-Steinitz, consideró probado que no hubo fraude, como alegaba el patriarcado. La magistrada sentenció que se había efectuado una operación legal por parte de quienes estaban legitimados para ello. En este caso, el administrador y el patriarca Irineo, cuyo sello y firma aparecen en los documentos aportados ante los tribunales por Ateret Cohanim, según los detalles publicados por la prensa israelí.

Abu Walid Dajani, en su despacho del Hotel Imperial.

Respaldado por los representantes de todas las iglesias de Tierra Santa, Teófilo III replicó que el fallo implicaba una “clara ruptura del statu quo” en la Ciudad Santa, que mina los derechos de la Iglesia sobre sus propiedades y que “no afecta solo a una iglesia”, sino a todas. Los máximos responsables de las iglesias de Jerusalén firmaron un comunicado en el que sostienen que está en juego la identidad del barrio cristiano de la Ciudad Vieja. Aseguran que el fallo judicial forma parte de un “intento sistemático de socavar la integridad de la Ciudad Santa y debilitar la presencia cristiana” y piden apoyo a las jerarquías eclesiásticas y jefes de gobierno de todo el mundo para que defiendan el statu quo histórico del antiguo Jerusalén, dividido en cuatro barrios: cristiano, armenio, judío y musulmán.

El actual patriarca —que ha buscado también el amparo del rey de Jordania— anunció que recurrirá la decisión judicial ante el Tribunal Supremo israelí. “Tenemos hasta el 15 de octubre para ello. No somos optimistas, pero el caso Jaffagate es nuestra prioridad; llegaremos hasta el final”, promete Sahlieh, que este domingo participará en la reunión del Consejo Central Ortodoxo en Belén que analizará la polémica gestión de las propiedades de la Iglesia Ortodoxa griega en Tierra Santa.

El propio patriarca Teófilo se ha convertido a su vez en diana de las críticas de la comunidad ortodoxa palestina, que cuestiona que unos popes de origen griego estén malbaratando el patrimonio histórico. Centenares de manifestantes desfilaron hace dos semanas desde la puerta de Jaffa hasta la sede del Patriarcado para exigir su dimisión. Le acusaron de haber negociado la cesión de solares de la Iglesia edificados en algunos de los barrios más acomodados de Jerusalén Occidental y en ciudades de Israel. El líder del grupo parlamentario de la Lista Conjunta árabe en la Knesset, el musulmán Ayman Odeh, encabezó la protesta en favor de una Iglesia con jerarquía palestina.

Sin esperanza

Entre las familias palestinas afectadas, reina el pesimismo. “Si Teófilo no cierra un nuevo acuerdo o logra atraer la atención internacional para impedirlo, tarde o temprano los colonos tomarán posesión de estos lugares en el corazón del barrio cristiano”, se lamenta el musulmán Dajani, que ve peligrar el futuro de su familia.

El responsable del Hotel Imperial está convencido de que si el Supremo ratifica la sentencia del tribunal de Jerusalén, los Dajani tendrán que pasar página y volver a empezar. Así lo hicieron su padres, en 1948, cuando escaparon de la contienda que dio paso al nacimiento del Estado hebreo y buscaron refugio entre amigos cristianos del Este de Jerusalén. “Entonces, no habrá nada qué hacer. Ellos saben cómo hacer llegar el mensaje”, revela en alusión a la organización judía Ateret Cohanim.

Dajani prefiere no entrar en detalles sobre los “encuentros” mantenidos con quienes están llamados a ser sus futuros caseros. Algunos de los comerciantes afectados — titulares de 22 tiendas y cafés situados en los bajos de los hoteles Imperial y Petra— desvelan desde el anonimato que han recibido “visitas” de representantes de la asociación pro colonización judía, y de inversores afines que ofrecen “dinero a cambio de una salida amistosa”. Pretenden garantizar un desalojo “sin ruido” de los edificios afectados. “Quienes vienen en nombre de Ateret Cohanim quieren pactar con nosotros directamente la fecha de entrada en los edificios. Es una forma de asegurarse de que no reclamaremos nuestros derechos como inquilinos protegidos”, explica el dueño de uno de los comercios afectados.

Se refiere a una ley del periodo otomano que trata de evitar desahucios arbitrarios y que se sigue aplicando a los refugiados palestinos que abandonaron sus tierras en 1948. A los considerados “inquilinos protegidos” —entre los que se encontrarían los Dajani y los Kiresh— no se les puede expulsar de una vivienda hasta que hayan transcurrido tres generaciones, salvo que se demuestre que han subarrendado la propiedad o cambiado la actividad para la que originariamente fue cedida.

“Este edificio data de 1893. Necesita una reforma, pero nos ponen muchas trabas para conseguir los permisos. Se le apaga la vida como a mí. Los que han puesto los ojos en él, estaban muy bien informados sobre las dificultades económicas que atravesamos durante la Segunda Intifada (2000-2005). En 2003, llegamos a deber dos millones de shequels (unos 500.000 euros) en impuestos. Informé de ello a Irineo para que la Iglesia se hiciera cargo”, reconoce el septuagenario Dajani. “Ahora ya solo esperamos un milagro, aunque yo no soy muy creyente”.

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