El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escribe un artículo para el diario El Mundo sobre la lucha para erradicar la violencia machista. Asegura que es una “tarea de todos” y que cada 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género, y nos recuerda que los 365 días del año hay que fomentar la igualdad de género.

“Tarea de todos” es el título del artículo, en el que Rajoy asegura que “España está comprometida con estos objetivos y cada 25 de noviembre reafirmamos nuestra voluntad, como sociedad democrática, de erradicar la violencia de género y reforzar el apoyo a las víctimas”.

Rajoy resalta que casi ocho de cada diez mujeres consigue salir adelante pero apunta que el objetivo “no es solo que lo consigan diez de cada diez sino que ninguna más sea víctimas de esta violencia”.

Rajoy llega a presumir de que España sea reconocida en Europa como “uno de los países de referencia en el diseño e implementación” de políticas públicas en materia de violencia machista y, aunque apunta que “no es suficiente”, sí marca el camino a seguir recorriendo.

Sin embargo, el dinero que destina el Gobierno destina contra la violencia machista ha menguado desde que Rajoy es presidente. El presupuesto ha pasado en seis años de los 34,3 millones de 2010 a los 25,2 que presupuestó para 2016. Aunque este último año fijó un incremento del 6% respecto a 2015, la caída acumulada ha alcanzado el 26% menos de presupuesto. En el Pacto de Estado, tras la presión del PSOE, la ministra Dolors Montserrat anunció que la partida de prevención alcanzará los 31,7 millones, aún por debajo de la cifra que se encontró Rajoy al llegar a Moncloa.

En lo que corresponde a la puesta en marcha del pacto, justo esta semana el Congreso ha apoyado una iniciativa del PSOE que exige al Gobierno que habilite un crédito extraordinario de 200 millones de euros, en caso de que se vaya a producir una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, para dar cumplimiento al compromiso presupuestario del pacto, que ascendía a 1.000 millones.

La oposición ha echado en cara al Ejecutivo su inacción y la ausencia de una hoja de ruta para poner en marcha el pacto, que se aprobó hace casi dos meses. Eso a pesar de que el documento exige que el Gobierno, en el plazo máximo de dos meses, someta el pacto al acuerdo con las comunidades autónomas, la justicia y las organizaciones sindicales y empresariales.

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