Parlamento Europeo
Parlamento Europeo. (Foto: AFP)

Sólo un 20% de los europeos disfrutan de sus derechos cuando viajan más allá de sus fronteras dentro de la UE. Este dato del Servicio de Acción Ciudadana de la Unión (ECAS) es sorprendente. Porque, de hecho, la libertad de movimientos no sólo es el elemento que más identifican los ciudadanos como “avance” de la Unión, sino que es el pilar fundamental desde la introducción del concepto de ciudadanía europea en el Tratado de Maastricht, de 1992. Es decir, desde hace ya un cuarto de siglo.

Por esta razón, y por las muchas trabas y farragosos paseos de ventanilla en ventanilla con los que se topa un ciudadano —o cualquier sujeto de derechos en la UE, como una empresa, asociación, etc—, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaba de aprobar un informe que insta a todas las instituciones de la UE a que se pongan las pilas.

La ponente del texto ha sido la eurodiputada española Beatriz Becerra, integrante de la citada comisión además de vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos. “Ha sido un trabajo muy duro pero del que estoy muy satisfecha”, dice Becerra. “El objetivo es que todos los europeos tengan garantizados los mismos derechos y deberes, independientemente de su condición y del país en que residan”.

Para Becerra, “el informe es un paso imprescindible para que la UE se convierta en una verdadera comunidad de ciudadanos libres e iguales” en un momento en que los desafíos como el Brexit, la crisis de refugiados, y la crisis económica y financiera han fortalecido a las instituciones en contra de lo pronosticado.

Pero como persisten los riesgos —la ultra derecha ha entrado en el Bundestag alemán como tercera fuerza política por primera vez desde la II Guerra Mundial, más de un tercio de los votantes franceses apoyaron a Le Pen en las presidenciales del año pasado, etc—, y como recordaba este fin de semana el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en una entrevista en El País, el documento elaborado por esta eurodiputada apuesta por la construcción europea. “Esta es la mejor respuesta que podemos dar a los populistas y nacionalistas que tratan de destruir Europa: extender los derechos y libertades, ampliar la ciudadanía”.

Y es que, tras casi un año de trabajo —desde la publicación del informe de la Comisión Europea, en enero de 2017—, el texto aprobado este miércoles pretende subsanar la “ausencia de compromisos concretos” de la Comisión presidida por Juncker en su informe. “La perspectiva de la retirada del Reino Unido de la Unión”, recuerda el documento, “ha puesto de manifiesto la importancia de los derechos de ciudadanía“.

De hecho, la garantía de estos derechos en el proceso del Brexit el propio Europarlamento ha fijado como una de las condiciones imprescindibles en la primera ronda de negociaciones. “La Eurocámara tiene la potestad final de aprobar o no el acuerdo que se alcance, así que las exigencias de los representantes de los ciudadanos tendrán que ser atendidas”, declaró el presidente del Legislativo, Antonio Tajani.

Becerra, también miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, hace especial hincapié en “la década que lleva escondida en un cajón la directiva anti-discriminación” por presiones “de los Estados Miembros”. Además, invita a la Comisión Juncker a “actuar más activamente contra la discriminación de las personas LGTBI” y a combatir la homofobia mediante “acciones concretas”.

Otros de los principales hitos del texto es el impulso para la “creación de una ventanilla única para acceder a la información y a los servicios básicos de la Unión” y la exigencia de que “los esfuerzos de comunicación” que ha hecho la UE se traduzcan “en una presentación de forma clara y comprensible” en webs, documentos y sedes.

En cuanto a los derechos de sufragio, recuerda el documento que todos los europeos deben tener conocimiento y derecho efectivo a presentarse y votar en las elecciones europeas y locales; se insta a que se eliminen las barreras para el derecho al voto de los residentes en otro estado miembro con, incluso, “la introducción del voto electrónico en las elecciones europeas de 2019”.

Y finalmente, en defensa de las libertades y como parapeto de los valores europeos, el texto recuerda que “unos medios de comunicación libres y el acceso a la pluralidad de opiniones” debe estar garantizado, sobre todo en estos tiempos de postverdad, populismos, injerencias extranjeras por la vía electrónica e intereses en la ciberguerra de información: “La Unión debe definir una política para luchar contra la propaganda antieuropea y la información falsa”.

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