Un militar mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (Spútnik) — La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de México aprobó un proyecto de ley de Seguridad Interior que legaliza el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que es rechazado por la oposición y la sociedad civil.

El proyecto fue aprobado con 18 votos del oficialismo y sus partidos aliados y 13 de la oposición.

Los votos a favor fueron de los partidos Revolucionario Institucional (PRI, gobernante), Verde Ecologista (PVEM), y Nueva Alianza.

Los votos en contra fueron emitidos por los opositores partidos Acción Nacional (PAN, centroderecha) de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

La iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto ha sido justificado por el Gobierno y el PRI, como una legislación para garantizar al Ejército y a la Marina Armada un marco legal que “regule su actuación en tareas de seguridad pública y el combate a la delincuencia”.

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La oposición la rechaza porque considera que las autoridades civiles quedarían subordinadas al mando militar con poderes inconstitucionales, que los libera de responsabilidades, tales como el “uso excesivo de la fuerza”, violatorio de los derechos humanos.

Puntos en discordia

El despliegue del Ejército en las calles desde hace una década, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra las drogas en 2007, podrá continuar amparado en el proyecto de legislación que contempla una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

La vigencia de la intervención militar federal en acciones de seguridad interior no podrá exceder a un año en zonas del país infestadas por la violencia, que se refiere a estados de la federación mexicana asolados por el narcotráfico, como Guerrero en el sur o Baja California Norte.

Pero la oposición critica que la ley le otorga otra facultad discrecional al Poder Ejecutivo, al establecer que esa vigencia de un año podrá “modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República”, es decir por decreto presidencial.

La única condición vaga, dejada al criterio del mandatario, sin intervención del Congreso, es que “subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó, y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”, de los militares.

A pocos meses de los comicios generales de 2018, la oposición también considera que el proyecto de ley “criminaliza” la protesta social.

Uno de los pasajes controvertidos se refiere a “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El proyecto de ley que debe aprobar el pleno de diputados acota que “bajo ninguna circunstancia (las protestas) serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.

Según los opositores, la reglamentación legal en esa materia permite la “represión” de esas manifestaciones de descontento por resultados electorales que las autoridades, de acuerdo a su criterio, no consideren “pacíficas”.

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El proyecto aprobado será debatido por el pleno de los 500 diputados de la Cámara Baja la tarde y noche de este jueves, donde se espera un amargo debate en la tribuna del llamado Palacio de San Lázaro, sede del Congreso.

Si la media sanción legislativa es lograda por el oficialismo en el pleno de Diputados, el proyecto aprobado deberá pasar al Senado para su aprobación y envió al presidente Peña Nieto, para su promulgación final.

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