Oriol Junqueras y los exconsellers de ERC en prisión desde el pasado 2 de noviembre aparcan la vía unilateral para alcanzar la independencia de Catalunya. En un escrito ante el Tribunal Supremo, al que han pedido que les deje en libertad, se han mostrado “firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación” si vuelven a ocupar responsabilidades de gobierno.

El letrado de Junqueras y los exconsellers, Andreu Van den Eynde, ha presentado este martes un escrito ante el Supremo en el que pide al juez instructor Pablo Llarena que les cite a declarar para replantear los riesgos de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas que la magistrada de la Audiencia Nacional valoró para enviarles a prisión. Como la defensa considera que dichos riesgos no existen, solicita al juez que decrete la libertad provisional de los dirigentes.

Para intentar que el juez Llarena decrete su salida de prisión, todos los exconsellers se comprometan al diálogo dentro de la Constitución que, recuerdan, “protege al disidente político dentro de sus principios de tolerancia al discurso político pacífico”.

Remarcan además que su proyecto político a favor de la autodeterminación y la independencia “se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva” de la Constitución en la que “mediante la negociación y el diálogo se permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Catalunya”.

Asimismo, la defensa señala, como ya hizo en los recursos presentados ante la Audiencia Nacional, que es “evidente” que los exconsellers han aceptado el 155, por lo que ya no ocupan posiciones de poder institucional que puedan derivar en una hipotética reiteración delictiva para conseguir la independencia de Catalunya al margen de la ley. Eso sí, matiza que lo han hecho “desde la más profunda discrepancia política y jurídica”.

“En resumen –concluye el escrito– mis mandantes [Junqueras y los exconsellers de ERC] aceptan la aplicación del artículo 155, no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Catalunya”.

El antecedente de Forcadell

El magistrado Llarena, en el auto por el decretó prisión eludible con fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell, recordó que en su declaración la presidenta del Parlament y los otros miembros de la Mesa imputados no sólo “asumieron la intervención derivada de la aplicación del artículo 155”, sino que se comprometieron a “renunciar a cualquier actuación fuera del marco constitucional”, esto es, a la vía unilateral. Por ello acordó medidas cautelares menos gravosas que la prisión incondicional decretada por la jueza Carmen Lamela para los exconsellers.

Una vez la causa de los exconsellers imputados por rebelión, sedición y malversación ha pasado de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo, las defensas intentan que el juez Llarena use el mismo criterio seguido con Forcadell para que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa salgan de la cárcel.

En este sentido, el letrado Van den Eynde apunta en su escrito a que el tratamiento que el magistrado Llarena dio a Forcadell y los miembros de la Mesa “no tiene por qué constituir una guía exacta” para los exconsellers de ERC, aunque “sí es ejemplo de la filosofía que debe imperar en el juicio de proporcionalidad judicial” sobre las medidas personales sobre los imputados como el ingreso en prisión provisional.

Proteger sus derechos como candidatos al 21D

La defensa de los exconsellers argumenta la inexistencia del los riesgos de reiteración delictiva, fuga y destrucción de pruebas no sólo por su voluntad de diálogo y porque comparecieron ante la jueza Lamela cuando ya habían sido cesados sino también porque todos ellos son candidatos por ERC a las elecciones del 21D. Su presencia en las listas, añaden, es “nuevo elemento” que no pudo valorar la jueza Lamela el pasado 2 de noviembre.

“La asunción de un papel en la escena política, como candidatos, les aleja de cualquier riesgo de reiteración delictiva, al haber abandonado sus actividades como miembros del gobierno cesado”, señalan los exconsellers en su escrito, que consideran su presencia en las listas como “un elemento indiscutible de arraigo” que hace desaparecer el riesgo de fuga.

Por todo ello, los exconsellers piden al juez Llarena que tutele sus derechos políticos “en sus aspiraciones a desarrollar actividad legítima” como diputados, además de sus derechos fundamentales en relación a su libertad personal.

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