Gobierno de Ecuador (archivo)

QUITO (Sputnik) — La vicepresidenta encargada de Ecuador, María Alejandra Vicuña, explicó que la resolución del mandatario Lenín Moreno de convocar a una consulta popular mediante decreto ejecutivo fue una respuesta a una demanda de la ciudadanía, que reclamó celeridad al proceso que estaba en manos de la Corte Constitucional (CC).

Vicuña aclaró que la convocatoria “no solo que está apegada al derecho, como no puede ser de otra manera, sino que es una respuesta responsable del presidente de la República en relación a una exigencia ciudadana que a lo largo y ancho del país ha exhortado a que la Corte Constitucional se pronuncie con la celeridad” necesaria, dijo la funcionaria durante la entrega al Consejo Nacional Electoral (CNE) de los decretos 229 y 230.

Así justificó la decisión del jefe de Estado de llamar a un plebiscito directamente, y sin visto bueno de la Corte luego de que esta tardara más de lo permitido por la ley en emitir un dictamen sobre el cuestionario que Moreno envió el pasado 2 de octubre.

El jefe de Estado explicó que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le da esa atribución, pues establece que si la CC no resuelve la convocatoria dentro de los 20 días siguientes de haber iniciado el control previo “se entenderá que ha emitido dictamen favorable”; además, esta inacción podría dar lugar a sanciones administrativas.

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En el decreto 229 se señala que “habiéndose a la presente fecha superado en demasía el término de 20 días que dispone” la ley “para que el máximo organismo de control en materia constitucional del país emita un dictamen sobre la constitucionalidad del proyecto de referéndum (…) resulta imperante aplicar los efectos legales previstos ante esta omisión”.

Este “dictamen ficto” comprende una “favorabilidad tácita sobre la constitucionalidad de la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del proyecto” presentado ante la Corte.

Ahora le corresponderá al CNE ejecutar la convocatoria respectiva, aunque políticos simpatizantes del expresidente Rafael Correa (2007-2017) han anunciado que impugnarán la decisión de Moreno, especialmente porque se oponen a la segunda pregunta de la consulta, que plantea eliminar la reelección indefinida, con lo que Correa no tendría posibilidad de postularse nuevamente a la presidencia.

La Corte Constitucional había anunciado que analizaría las inquietudes el próximo 5 de diciembre y convocó a Moreno el miércoles a una audiencia en la que debía defender su propuesta; sin embargo, el mandatario no asistió.

El plebiscito contiene cinco preguntas de referéndum (cambios a la Constitución) y dos de consulta popular (modificaciones a leyes), por ello se emitieron dos decretos distintos.

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La convocatoria a consulta popular por decreto ya fue utilizada por Correa en 2011, cuando recurrió al mismo argumento legal para ejecutarla.

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