Manifestación de taxistas en Madrid.
Manifestación de taxistas en Madrid. Jaime Villanueva EL PAÍS

El Gobierno retrasa a “principios de 2018” las medidas para regular el taxi y las VTC

Multitudinaria manifestación de taxistas en Madrid y paro del sector en toda España

El ministro de Fomento defiende que no pueden hacer “nada” ante las VTC que conceden los jueces

El Ministerio de Fomento da por hecho que la aprobación de las medidas que prepara para ordenar el sector del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se retrasará hasta “principios de 2018”, pese su previsión inicial de tenerlo resuelto antes de final de año. Así lo ha asegurado esta mañana el secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, Julio Gómez-Pomar, que achaca la demora a que el Real Decreto donde se adoptarán estas medidas es de “tramitación larga, pues requiere consulta público y un dictamen del Consejo de Estado”.

Gómez-Pomar hizo estas declaraciones momentos antes de que arrancara en Madrid una multitudinaria manifestación de taxistas provenientes de toda España, en la que reclaman precisamente que se articulen medidas que regulen la actividad de las VTC como Uber o Cabify, a las que acusa de competencia desleal. La protesta, que se suma a un paro de 24 horas en todo el país, está convocada por las principales asociaciones del sector (Fedetaxi, Antaxi, Élite y las plataformas TNT y Caracol). La manifestación, que ha recorrido el tramo que va desde Atocha a Neptuno, ha obligado a cortar el tráfico en la zona.

Una de las quejas de los taxistas tiene que ver con la supuesta concesión de alrededor de 10.000 licencias de VTC que se espera se concedan por la vía judicial y que supondría romper la proporción que marca la ley de 1 licencia VTC por 30 taxis. “Esta situación se produce como consecuencia de un vacío legal que provocó la Ley Ómnibus aprobada por el Gobierno de Zapatero”, según argumentó el secretario de Estado, que añadió que el Gobierno de Rajoy no puede hacer “absolutamente nada” ante las licencias que se están concediendo por sentencias judiciales. “Contra ello, no cabe una acción legislativa”, dijo.

Lo mismo aseguró el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien en los pasillos del Congreso añadió que “anular una sentencia judicial es algo que ningún Gobierno, en un sistema democrático, puede hacer”, informó Europa Press. El ministro recordó igualmente que su departamento trabaja en una normativa “que, dentro de la legalidad, permita evitar que se utilicen las licencias VTC con un uso especulativo”.

Entre estas medidas, el Real Decreto prohibirá vender las licencias VTC durante los dos primeros años tras su obtención, “con el fin de evitar la especulación”, y se creará una base de datos nacional en la que estarán referenciadas las empresas que prestan estos servicios, sus vehículos y todos los datos de contratación de servicio para poder cruzar la información y ver de oficio si se está cumpliendo o no la ley, que determina que el servicio se tiene que precontratar (es decir, no se puede parar por la calle un vehículo de Uber o Cafiby como si fuera un taxi) y debe ofrecerse en un 80% en el ámbito de la Comunidad Autónoma donde se obtuvo la licencia.

Gómez-Pomar insistió en que el Gobierno está “al límite de lo que puede hacer para no atentar a las normas de competencia” y recordó que son las comunidades quienes otorgan las licencias VTC y los ayuntamientos las de taxi, y son ellos quienes tienen la competencia de inspección y control”.

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