El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos. Sin firma no hay fondos para sostener los servicios autonómicos.

El Ministerio de Hacienda introdujo este nuevo requisito obligatorio para autorizar los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para 2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. El convenio promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un nivel de gasto público anual en productos de Farmaindustria. Un traje a medida de los laboratorios incluidos en esta patronal.

Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo autorice los fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías gastan más que el crecimiento del PIB en estos fármacos de marca, los laboratorios deben compensar. De esta manera el mensaje es “gasta en estos productos porque si vas a otras alternativas serás penalizado”, explican algunos de los departamentos afectados. Si el gasto es inferior a lo que Hacienda permite a las comunidades –la regla de gasto– se prevén “incentivos” para el sector. “Pero no de forma automática”, aclaran en Hacienda.

Se focaliza así la inversión en un sector. Este documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria, cuentan desde las consejerías.

Aunque el acuerdo recoge literalmente que “se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen”, es decir, deja patente su carácter voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación “para los dos primeros trimestres de 2017”, según explicó Hacienda.

Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana –una de las administraciones incluidas– resume que esta obligación “pone entre la espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación”.

El bloqueo

¿Por qué se convierte en definitiva en un bloqueo para los genéricos? Si una administración sanitaria opta por tratamientos a base de genéricos (medicamentos equivalentes con las mismas propiedades, pero ya libres de patentes lo que permite su abaratamiento), esa inversión económica no cuenta para cubrir el compromiso con Farmaindustria por lo que una medida, en principio, de racionalización de gasto público se convertiría en una obligación de compensar a esos laboratorios por no llegar al nivel comprometido.

Vanessa López, directora de la organización Salud por derecho explica que el convenio entre el Gobierno y Farmaindustria “está enfocado para mantener el gasto farmacéutico de medicamentos no genéricos de manera constante”. Pone el ejemplo de que “el presupuesto público en salud ha podido recortarse, pero el de los medicamentos de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con medicamentos nuevos”.

Otras de las quejas de los que han debido entrar en el acuerdo para obtener la financiación que sostenga los servicios autonómicos es que, a la hora de elegir un tratamiento para un paciente y analizar cuánto cuesta con este medicamento y cuánto con su equivalente genérico, los números suelen reflejar que el producto de marca hace el tratamiento más caro. Pero, en no pocas ocasiones, es el que acaba imponiéndose.

El precio de los medicamentos

Vanessa Lopez dice que muchos de los medicamentos de marca “tienen un precio abusivo que no tienen nada que ver con los costes reales de investigación. No se trata de estar en contra de garantizar un beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%”.

Este precio se decide en España de una manera, al menos, poco transparente. Desde luego, es el Gobierno quien ejerce esa potestad para todos los productos que reciben subvención pública mediante la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Este órgano está presidido por el secretario general de Sanidad y su vicepresidente debe ser el director general de la Cartera Básica de Servicios. El resto son representantes del Ministerio de Economía, Hacienda e Industria además de tres enviados de las comunidades. “El precio lo pone el Gobierno y lo pagan las regiones”, analiza López.

La extensión de los medicamentos genéricos se topa con barreras en diferentes niveles. Este convenio representa una, pero hay más. Al fin y al cabo, el mercado de los medicamentos es un nicho de más de 13.000 millones de euros al año en España. Los genéricos solo suponen el 20%, según la patronal de sus laboratorios Aeseg.

Su incorporación se ve taponada por la creación de genéricos por parte de los propios laboratorios de marca, las triquiñuelas para extender los periodos de vigencia de las patentes que dan exclusividad a los laboratorios o incluso el pago a empresas para que no saquen al mercado sus genéricos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está llevando a cabo una investigación, según explicó, para establecer si los laboratorios están desarrollando una estrategia en España destinada a bloquear la entrada de los genéricos (y el consecuente abaratamiento de los precios).

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