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Europa dispone de ejércitos, pero le faltan recursos para hacer frente a injerencias externas más sutiles. La inquietud respecto a los intentos de manipular a la opinión pública con mensajes engañosos se extiende a un fenómeno aún más difícil de rastrear: los ciberataques . Para combatirlos, cualquier país comunitario que sufra un ataque en sus redes podrá exigir asistencia militar al resto. Así figura en un documento que aprobarán este lunes los ministros de Asuntos Europeos y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Al contemplar una posible respuesta militar, la UE sitúa los ciberataques en la lista de mayores amenazas a los países comunitarios.

El llamado poder blando de la UE revela algunas flaquezas frente a terceros. Tras las intromisiones detectadas, con Cataluña como ejemplo más reciente, el bloque comunitario insta a poner “especial énfasis en defender los valores democráticos” en el contexto de la seguridad global. El fenómeno no es aislado. Los ataques cibernéticos se han cuadruplicado desde 2015, según datos recogidos por la Comisión Europea, y en algunos países miembros, la mitad de los delitos son ya ciberdelitos. Muchos tienen motivación exclusivamente económica, pero otros buscan la desestabilización política de Europa, con voluntad de alterar los resultados de las elecciones o el funcionamiento de infraestructuras críticas. “Hay intentos diarios de interferir en infraestructuras en la UE”, asegura una fuente comunitaria que exige anonimato.

Los dirigentes europeos saben que hoy es mucho más realista lidiar con este tipo de desafíos que responder a una invasión con tanques. Por eso quieren adaptar las estrategias militares a las nuevas amenazas. El texto que ratificará hoy el Consejo Europeo -a través de los ministros o secretarios de Estado de Asuntos Europeos- establece que cualquier “incidente o crisis cibernética particularmente serios podrían constituir un motivo suficiente para que un Estado miembro invoque la cláusula de solidaridad y la de asistencia mutua”. Se trata de dos herramientas previstas en el tratado europeo que obligan a prestar cualquier tipo de ayuda, incluida la militar, cuando un Estado sufra una agresión armada, terrorista o un grave perjuicio derivado de desastres naturales o humanos.

Esta posibilidad solo se ha invocado una vez desde que entró en vigor con el Tratado de Lisboa (2009). Lo hizo Francia, tras los atentados de noviembre de 2015. Entonces, el Gobierno de François Hollande pidió ayuda a sus socios para desplegar al Ejército en las calles del país sin tener que desmantelar las misiones militares que mantenía en el exterior. España fue uno de los países que ofreció recursos.

En las 18 páginas de conclusiones que aprobarán los ministros no hay una sola mención a Rusia, el país que más sospechas levanta como origen de esas influencias exteriores. Las mismas fuentes europeas aseguran que muchos ataques cibernéticos provienen de Rusia y de Corea del Norte, pero eso no significa que sus autoridades los ejecuten. “Los hackers se refugian allí porque es fácil esconderse, al ser países que no cooperan. Lo que es seguro es que los Gobiernos no nos ayudan a identificar a los responsables”, abunda otro experto. La prensa británica ha revelado que hubo un intento de infiltración en la red energética de Reino Unido durante la última jornada electoral, el pasado 8 de junio.

Con esta medida, Europa sigue los pasos de la OTAN, que también considera la agresión cibernética como motivo para invocar el deber de defensa colectiva entre los aliados.

Amenaza de sanciones

Además de protegerse, la UE quiere disuadir a terceros de interferir en sus asuntos. Por eso amenaza con sancionar a los Estados responsables. El texto de conclusiones hace suya una propuesta de la Comisión Europea que incluye “medidas restrictivas que pueden usarse para evitar actividades cibernéticas malignas y responder frente a ellas”. En la jerga comunitaria, esa expresión alude a las sanciones que castigan a países extranjeros por conductas consideradas lesivas. En ese marco figuran las que la UE aplica contra Corea o contra Rusia por el conflicto de Ucrania.

En la práctica, resulta casi imposible probar que un Gobierno esté detrás de un ataque cibernético. Y las sanciones, que requieren unanimidad entre los países miembros, solo se adoptan cuando existen evidencias claras de esas irregularidades.

Como medidas adicionales, los 28 Estados comunitarios plantean realizar ejercicios militares paneuropeos que pongan a prueba la seguridad cibernética y sugieren la creación de un fondo para responder a las emergencias de ciberseguridad. El Consejo Europeo se compromete a que todas estas iniciativas cristalicen en un plan de acción antes de que concluya el año.

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