Amnistía Internacional denuncia que en los procesos judiciales a los que se enfrentan las denunciantes de violencia sexual persisten “prejuicios discriminatorios” que “impactan negativamente” en sus derechos, según un comunicado hecho público este jueves. Además, lamenta que las agresiones sexuales “siguen siendo invisibles y no prioritarias” en las políticas públicas en España.

Amnistía incide en el cuestionamiento que suele recaer sobre los testimonios de las víctimas “a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de delitos”. Las primeras, dice la organización, “suelen tener que hacer frente a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato”.

“Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”, afirma Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

La ONG incide además en que nuestro país “sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas” y lamenta que el pacto de Estado contra la violencia machista, aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre, haya sido “una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual”.

Entre otras cosas, denuncia la ausencia de estadísticas oficiales que impiden contar con una foto fija de la dimensión del problema y critica que los datos del Ministerio del Interior “son muy limitados”. En su último informe, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado califican como “hechos conocidos” 10.844 delitos contra la libertad sexual en 2016. Ahí incluyen casi 1.000 casos de corrupción y pornografía de menores, pero el grueso corresponde a la categoría “otros” (8.606) y a agresiones sexuales con penetración (1.250).

Amnistía Internacional llama la atención también sobre la falta de campañas institucionales para prevenir las agresiones sexuales, la ausencia de servicios especializados para atender a las víctimas y el déficit de especialización de todos los operadores que intervienen en el proceso tras la denuncia. Así, recuerda que tal y como establecen los estándares internacionales, los Estados deben “eliminar las barreras que impidan el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia”, así como evitar la revictimización y los estereotipos de género o “garantizar servicios de atención de salud física y psicológica y de asistencia jurídica de calidad”.

Para ejemplificar la denuncia, la ONG incluye en el comunicado la historia de Blanca (nombre ficticio), una mujer de 20 años que en mayo de 2016 denunció una violación. Tras haber pasado primero por otra comisaría, le mandaron a otra donde se enfrentó a un interrogatorio de cinco horas ella sola en el que “en todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad”, afirma. En ningún momento, recoge Amnistía, “nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro”.

Según su relato, “tras la declaración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria” y después de acudir a un hospital por sus propios medios en el que no le atendieron, le indicaron que debía ir a uno especializado. “Allí el trato médico fue correcto, pero el médico que la atendió tuvo un enfrentamiento con el médico forense que se negaba a acercarse al centro hospitalario”, cuenta la organización, que asegura que no se presentó para hacer la explotación “hasta las 15.00 horas” y “sin preservar la intimidad de la víctima”. “Tras ser violada a las 5 de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense”.

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