Tillerson visita Birmania con la persecución de los rohinyá en la agenda. EFE/Archivo

Bangkok, 15 nov (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, descartó hoy imponer sanciones a Birmania (Myanmar) por la crisis de los rohinyás, pero reclamó que se investiguen los abusos contra esta minoría musulmana en el estado Rakáin (oeste).

“En todas mis reuniones he pedido al gobierno civil de Myanmar una investigación independiente y efectiva, y a los militares, que permitan acceso pleno y cooperación” en Rakáin (antiguo Arakan), dijo Tillerson en Naipyidó, en una rueda de prensa con la jefa de facto del Gobierno birmano y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, difundida en internet.

El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió en esta visita de varias horas con Suu Kyi y el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, en la capital birmana.

Tillersón explicó que esta visita le ha permitido conocer lo que calificó de “situación compleja” que, según él, no se va a solucionar con sanciones ni rápidamente.

El secretario de Estado reclamó una investigación “independiente” y “eficaz” para identificar las causas y ramificaciones de la crisis, así como los responsables, y determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad y limpieza étnica.

Lo que sí consideró “urgente” y posible es acabar con el sufrimiento humano, en referencia a las víctimas y los 615.500 rohinyás, según la ONU, o 622.000, según Bangladesh, que han escapado a suelo bangladeshí de la violencia en Rakáin desde agosto.

Suu Kyi repitió el mensaje de veces anteriores, que la violencia se soluciona con el respeto de la ley y la confianza en la justicia.

La crisis rohinyá actual comenzó el 25 de agosto pasado, cuando cientos de rebeldes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA, en inglés) atacaron una treintena de puestos policiales y militares de Rakáin.

La violencia desencadenada por estos ataque y la respuesta de las fuerzas del orden llevó a más de 600.000 rohinyás a buscar refugio en Bangladesh, aunque allí, como en Birmania, están considerado emigrantes extranjeros.

El Ejército birmano ha negado los abusos (asesinatos, torturas y violaciones, entre otros) que denuncian los desplazados y lo que según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, parece una “limpieza étnica de manual”.

El Ejército reemplazó la semana pasada al jefe militar de Rakáin, el comandante general Maung Soe, por el general de brigada Soe Tint Naing.

Birmania estuvo gobernada por juntas miliares desde 1962 hasta 2011, cuando la última junta traspaso el poder a un gobierno civil afín que se encargó de dirigir la transición.

El Gobierno de Suu Kyi, quien sufrió 15 años de arresto domiciliario durante la dictadura, se estrenó en 2016 y es el primero democrático que conoce la mayoría de los birmanos, aunque su poder está limitado por la Constitución de 2008, legado de la época de las juntas.

Las Fuerzas Armadas birmanas controlan un cuarto de los escaños en los distintos parlamentos y los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos, entre otros privilegios.

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